La Justicia Federal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió más de 10 millones de dólares en sobornos, según lo revelado en la primera audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) dio por acreditados 40 hechos de cohecho cometidos entre 2003 y 2015, mientras continúa el análisis de otros 160 casos que podrían elevar aún más la cifra.
Durante cuatro horas, Cristina Kirchner escuchó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, donde los magistrados describieron el funcionamiento de una “organización criminal” que operó desde las más altas esferas del Estado nacional. De acuerdo con la acusación, los pagos fueron trasladados de manera periódica al departamento ubicado en Uruguay y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires, sumando un total superior a los 10,4 millones de dólares.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, dio inicio formal al proceso que busca determinar la responsabilidad de la exmandataria y de decenas de exfuncionarios y empresarios en el presunto sistema de recaudación ilegal más grande de la historia política reciente del país.
Un sistema de recaudación sostenido durante 12 años
Según las conclusiones de la justicia federal, entre 2003 y 2015 funcionó un mecanismo estructurado y jerárquico que permitía a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal recaudar dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado. Estos fondos, según la investigación, eran canalizados hacia las máximas autoridades del Poder Ejecutivo a cambio de la adjudicación de obras públicas, contratos de transporte ferroviario y corredores viales.
El fiscal Carlos Stornelli fue quien, al concluir la etapa de instrucción, solicitó la elevación a juicio del expediente que abarca 204 hechos de cohecho pasivo y una participación como partícipe necesaria por parte de la exjefa de Estado. En su acusación, Stornelli describió un entramado en el que empresarios, intermediarios y funcionarios públicos “cedieron su voluntad personal para conformar una general”, que garantizaba beneficios recíprocos entre el sector público y el privado.
El esquema, según la causa, estaba compuesto por dos canales de recaudación que funcionaban de manera independiente, aunque complementaria. Por un lado, una vertiente directa, en la que los propios funcionarios recogían los pagos en efectivo de manos de los empresarios; y por otro, una rama indirecta, integrada por intermediarios como Ernesto Clarens y Carlos Wagner, quienes operaban como enlaces financieros y coordinaban los montos y entregas.
