El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Gustavo Sáenz comenzará a ser debatido la próxima semana en la Cámara de Diputados, en un clima político que ya anticipa controversias y posicionamientos cruzados en la opinión pública.
Si bien la iniciativa plantea una reconfiguración integral del sistema electoral salteño, el eje del debate empieza a desplazarse hacia sus posibles implicancias políticas, especialmente en torno a la reelección del actual mandatario.
El proyecto introduce una modificación central en la Ley 6444: el paso de un sistema basado en listas individuales a otro que prioriza el cómputo de votos por frentes o alianzas electorales, lo que para muchos constituye lisa y llanamente un retorno a la ley de lemas, derogada hace décadas en la priovincia mediante un gran acuerdo político y que hoy, al parecer, volvería a tener plena vigencia con una mirada unilateral y desde un solo sector.
En la práctica, esto implica que los votos de distintas listas dentro de un mismo frente se acumulan y que la fuerza más votada define la elección, pero dentro de ese, se consagra la lista o fórmula con mayor respaldo. Todas las listas suman para el candidato más votado dentro de ese frente.
El esquema se aplicará para gobernador, legisladores e intendentes, unificando criterios y fortaleciendo el rol de las coaliciones políticas. El argumento oficial es que se pretende ordenar la competencia tras la eliminación de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la reforma busca "ordenar la competencia" y "fortalecer la representación política" en un escenario marcado por la eliminación de las Paso.
El proyecto de reforma electoral enviado a la Legislatura no solo modifica la Ley 6444, sino que introduce cambios relevantes en las leyes 8463 y 6042, que regulan la organización de las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos. En el caso de la Ley 8463, la iniciativa reduce de seis a cuatro meses el plazo mínimo con el que el Poder Ejecutivo debe convocar a elecciones.
Según esa mirada, el nuevo sistema permitiría canalizar las diferencias internas dentro de los frentes directamente en la elección general, evitando instancias previas y reduciendo costos electorales.
Además, se plantea que la acumulación de votos dentro de alianzas contribuirá a construir mayorías más sólidas y mejorar la gobernabilidad.
La crítica opositora
Sin embargo, desde sectores de la oposición ya se encendieron las alertas. Dirigentes cuestionan que el mecanismo propuesto guarda similitudes con la ley de lemas, un sistema que fue derogado en Salta y que permitía justamente la sumatoria de votos de distintas listas bajo un mismo paraguas político.
El principal cuestionamiento apunta a que este esquema podría: Beneficiar a estructuras amplias con múltiples listas internas, diluir el peso de candidaturas individuales y, en términos políticos, favorecer estrategias de continuidad en el poder.
En ese contexto, la discusión empieza a vincularse con el futuro electoral de Sáenz y la posibilidad cada vez mas cierta de que busque sostener su proyecto político con reglas que potencien la lógica de acumulación dentro de un mismo espacio.
El proyecto no se limita a la ley electoral. También introduce modificaciones en las leyes 8463 y 6042. Se reducen los plazos de convocatoria a elecciones; se flexibiliza la conformación de alianzas, permitiendo múltiples listas dentro de un mismo frente y se endurecen los requisitos para la creación de partidos políticos, exigiendo afiliaciones reales y pisos mínimos.
Estos cambios consolidan el nuevo esquema, alineando todo el sistema electoral bajo la lógica de frentes.
Más allá de lo técnico
Aunque el oficialismo presenta la reforma como una actualización normativa frente a un nuevo escenario institucional, el debate que se abre en la política local promete ir más allá de los aspectos técnicos.
Con su inminente tratamiento en Diputados, la iniciativa ya instaló en la agenda pública una discusión de fondo: si se trata de una herramienta para ordenar el sistema político o de un mecanismo que podría reconfigurar las reglas de competencia en favor del oficialismo.
La respuesta empezará a definirse en el recinto, pero el debate ya está en la calle.
Fuente El Tribuno
