En un paso crucial para mejorar el acceso a la salud en Salta, el Senado provincial está a punto de dar luz verde a una nueva Ley del Sistema de Residencias de Salud que promete transformar la formación de profesionales médicos y reforzar la atención sanitaria en el interior.
La Comisión de Salud Pública, encabezada por el senador Manuel Pailler, recibió esta semana al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, para pulir los últimos detalles de un proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que podría convertirse en un hito para el sistema sanitario salteño.
La iniciativa, diseñada tras meses de consultas con profesionales, hospitales y colegios médicos, tiene un objetivo claro: garantizar que los hospitales y centros de salud de toda la provincia, especialmente en las zonas más alejadas de la capital, cuenten con profesionales capacitados. La escasez de médicos y especialistas en el interior, como en departamentos como Orán, Tartagal o Cafayate, ha sido una problemática histórica que el proyecto busca abordar de manera estructural, combinando formación de calidad con incentivos concretos para los futuros profesionales.
El corazón del proyecto es la creación de un sistema integral de residencias médicas y profesionales de la salud, que abarca tanto a los recién graduados como a quienes buscan especializaciones avanzadas. Este sistema, que se aplicará en hospitales públicos y privados, establece un régimen de formación que combina aprendizaje teórico-práctico con dedicación exclusiva. Los residentes, que recibirán una remuneración durante su formación, deberán cumplir con estándares académicos estrictos y someterse a evaluaciones continuas para garantizar la calidad de su preparación.
Uno de los puntos más destacados de la ley es la obligatoriedad de una “rotación final” en el interior de la provincia. Al concluir su residencia, los profesionales deberán prestar servicio durante un año en hospitales o centros de salud de zonas rurales o alejadas, como San Antonio de los Cobres, Rivadavia o La Poma. Esta medida, según el ministro Mangione, busca no solo cubrir la falta de personal en estas áreas, sino también fomentar un vínculo directo entre los profesionales y las comunidades más necesitadas. “Queremos que los médicos y profesionales de la salud no solo se formen con excelencia, sino que también se comprometan con las necesidades reales de nuestra gente en el interior”, destacó el funcionario durante la reunión.
Además, el proyecto introduce un sistema de incentivos económicos para quienes opten por especialidades críticas, como pediatría, anestesiología o medicina general, que son particularmente escasas en la provincia. Estos estímulos, que podrían incluir bonificaciones o facilidades para acceder a cargos permanentes, buscan atraer a más profesionales hacia áreas estratégicas para el sistema de salud salteño. El Ministerio de Salud Pública, como autoridad de aplicación, tendrá la potestad de definir los cupos de ingreso a las residencias, las sedes donde se desarrollarán y los convenios con instituciones privadas, siempre en función de las prioridades sanitarias de la provincia.
La ley también pone el foco en la calidad formativa. Los programas de residencia estarán supervisados por coordinadores e instructores especializados, y cada establecimiento deberá contar con la infraestructura y el equipamiento necesario para garantizar una formación de primer nivel. En este sentido, se espera que hospitales de referencia como el San Bernardo, el Materno Infantil o el de Tartagal se conviertan en polos de formación, mientras que centros de salud más pequeños también podrán integrarse al sistema si cumplen con los requisitos establecidos.
Otro aspecto clave es la flexibilidad para que las residencias se desarrollen tanto en el ámbito público como privado. Esto permitirá, por ejemplo, que clínicas y sanatorios privados de Salta capital o del interior participen en la formación de profesionales, siempre bajo la supervisión del Ministerio. Esta apertura busca maximizar los recursos disponibles y generar alianzas estratégicas que beneficien tanto a los residentes como a las instituciones.
El proyecto no está exento de debate. Algunos sectores, como el Colegio de Médicos de Salta, han expresado críticas, argumentando que la ley podría requerir más precisiones en temas como las condiciones laborales de los residentes o los mecanismos de evaluación. Sin embargo, desde el Senado aseguran que las modificaciones incorporadas tras las rondas de consulta responden a estas inquietudes, buscando un equilibrio entre los derechos de los profesionales y las necesidades del sistema sanitario.
La iniciativa también prevé sanciones para aquellos residentes que abandonen el programa sin causa justificada. En estos casos, deberán reintegrar hasta el 50% de los haberes percibidos durante su formación, una medida que reemplaza la obligación anterior de devolver el 100%. Este cambio, según los legisladores, busca ser más justo, pero también garantizar el compromiso de los profesionales con el sistema.
El impacto esperado de esta ley es significativo. En una provincia donde la distribución desigual de profesionales de la salud ha generado demoras en tratamientos y cirugías, especialmente en el interior, la formación de nuevos especialistas y su asignación estratégica a zonas críticas podría marcar un antes y un después. Además, la posibilidad de que los residentes trabajen directamente con las comunidades locales durante su rotación final no solo mejorará la atención, sino que también podría fomentar que más profesionales decidan quedarse en el interior tras completar su formación.
Con la aprobación definitiva en el Senado, que se espera en las próximas semanas, Salta dará un paso firme hacia la modernización de su sistema de residencias médicas. La ley, que combina formación de calidad, incentivos económicos y un enfoque en las necesidades regionales, apunta a fortalecer el sistema de salud público y privado, asegurando que los salteños, desde la Puna hasta el Valle de Lerma, tengan acceso a una atención médica de calidad.
Este proyecto no solo representa una apuesta por la formación de profesionales, sino también por un modelo de salud más equitativo y accesible. En un contexto donde la salud es una prioridad para los salteños, esta ley podría convertirse en un pilar fundamental para el futuro sanitario de la provincia.
