En el arranque de la sesión ordinaria de este miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta le dio un golpe político al bloque de La Libertad Avanza.
Tras rechazar el pedido de licencia por dos meses sin goce de sueldo presentado por Maximiliano Casasola, los ediles aprobaron de inmediato su suspensión preventiva. El motivo central: la denuncia por violencia de género que una expareja radicó en su contra durante marzo pasado.
La decisión no surgió de la nada. La Comisión de Juicio Político analizó el caso, citó a la denunciante y le dio oportunidad al concejal para que presentara su versión. Una vez completado ese proceso, el cuerpo votó y el resultado fue claro. Desde la presidencia se dispuso un cuarto intermedio para que Casasola, que estuvo presente durante la votación, pudiera retirarse del recinto sin mayores tensiones.
Este episodio se suma a una serie de tropiezos que vienen complicando la imagen del bloque libertario en el Concejo Deliberante. No es el primer escándalo: otros ediles del espacio ya fueron señalados por cuestiones igual de graves, como el caso de Pablo López, que solicita chupadas de pito a cambio de reducir una deuda, además de ausencias injustificadas y cruces públicos que dejaron al descubierto falencias en el manejo interno.
Desde que asumieron, los concejales de La Libertad Avanza prometieron oxigenar la política salteña con frescura y transparencia. Sin embargo, la acumulación de estos hechos genera cada vez más dudas entre los vecinos. En una provincia donde la gente sigue de cerca el comportamiento de sus representantes, estos tropiezos pesan y alimentan la percepción de que, más allá de los discursos anti-casta, algunos comportamientos no distan tanto de las viejas prácticas que tanto critican.
La suspensión preventiva de Casasola, si bien es una medida cautelar y no implica condena, marca un precedente fuerte en el Concejo. Deja al bloque con un miembro menos en un momento en que se discuten temas sensibles para la capital, como obras, servicios y el presupuesto municipal. Además, pone en evidencia las grietas internas y la dificultad para manejar crisis propias.
Mientras el caso judicial sigue su curso, en el ámbito político local crece el malestar. Vecinos y referentes de otros bloques observan con atención cómo La Libertad Avanza administra estos golpes. Por ahora, el mensaje del Concejo parece claro: ante denuncias graves, especialmente de violencia de género, no hay licencias que valgan ni blindajes posibles. Salta exige a sus concejales, vengan del partido que vengan, un mínimo de coherencia entre lo que predican y cómo actúan.
