La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que busca regularizar la situación dominial de 110 puesteros en tierras de Salta Forestal, además de abrir la posibilidad de renegociar los contratos con las actuales concesionarias, las empresas Cresud y Anta del Plata.
Este proyecto, que ahora pasa al Senado para su revisión, refleja una clara voluntad política de abordar una problemática histórica en la provincia, combinando objetivos de equidad social con estrategias de reactivación económica.
Contexto político y económico
El proyecto busca resolver la incertidumbre jurídica que enfrentan más de 110 familias de puesteros, algunas de las cuales han ocupado tierras desde 1920, mucho antes de la creación de Salta Forestal en 1974 bajo la gestión de Miguel Ragone. La iniciativa busca otorgarles la titularidad de las tierras donde realizan actividades productivas, garantizando su permanencia y estabilidad.
Según la diputada Socorro Villamayor, la ley establece un marco legal que permitirá transferir el dominio a los puesteros, previo cumplimiento de requisitos específicos, incluyendo un relevamiento y registro actualizado para identificar con precisión a los beneficiarios y sus ubicaciones.
Desde una perspectiva política, esta medida fortalece la narrativa del gobierno provincial como defensor de los pequeños productores y pobladores históricos, un sector socialmente vulnerable que ha enfrentado décadas de inseguridad jurídica.
Desde el punto de vista económico, el proyecto tiene implicaciones significativas. Por un lado, la regularización dominial permitirá a los puesteros acceder a derechos plenos sobre sus tierras, lo que podría facilitar el acceso a créditos, subsidios y asistencia técnica, incrementando su capacidad productiva.
Por otro lado, la recuperación de 160.000 hectáreas actualmente improductivas, en manos de las concesionarias Cresud y Anta del Plata, abre la puerta a una renegociación de contratos que podría priorizar el uso eficiente de la tierra, fomentando actividades agropecuarias sostenibles y generando ingresos fiscales para la provincia.
Detalles del proyecto
La iniciativa establece un proceso riguroso para garantizar la transparencia en la asignación de tierras. Se realizarán relevamientos y registros actualizados para determinar quiénes son los ocupantes legítimos, evitando que el beneficio se extienda a quienes solo trabajan en la zona sin residir allí o a quienes buscan urbanizar los terrenos. En este último caso, el proyecto ofrece una alternativa: el traslado a lotes de 1.500 metros cuadrados en la localidad de La Bomba, lo que refleja un enfoque equilibrado entre la preservación de la actividad productiva y la planificación urbana.
La renegociación con Cresud y Anta del Plata, dos actores clave en el sector agropecuario, apunta a recuperar tierras que no están siendo explotadas adecuadamente. Este aspecto del proyecto podría generar tensiones con las concesionarias, pero también representa una oportunidad para alinear los contratos con los objetivos de desarrollo económico de la provincia, promoviendo un modelo agrícola más inclusivo y productivo.
Implicaciones políticas
El proyecto refuerza la legitimidad del Ejecutivo provincial al abordar una deuda histórica con los puesteros, un sector que simboliza la lucha por el acceso a la tierra en Argentina. Al mismo tiempo, la recuperación de tierras improductivas envía un mensaje a las grandes empresas agropecuarias sobre la necesidad de cumplir con estándares de productividad y responsabilidad social. La amplia aprobación en la Cámara de Diputados sugiere que el proyecto cuenta con un respaldo político sólido, lo que podría facilitar su paso por el Senado y consolidar la imagen del gobierno como reformista en materia agraria.
Sin embargo, la implementación efectiva dependerá de la capacidad del gobierno para gestionar los relevamientos, evitar conflictos con las concesionarias y garantizar que los beneficios lleguen a los destinatarios previstos. Cualquier percepción de favoritismo o falta de transparencia podría generar críticas y erosionar el apoyo político.
Implicaciones económicas
La regularización dominial tiene el potencial de dinamizar la economía rural en Salta. Al otorgar titularidad a los puesteros, se les permitirá acceder a herramientas financieras y técnicas que impulsen la productividad, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta de productos agrícolas locales y una reducción de la dependencia de importaciones regionales.
Además, la recuperación de 160.000 hectáreas abre la posibilidad de diversificar las actividades económicas en la región, desde la agricultura hasta proyectos de reforestación o ganadería sostenible, generando empleo y fortaleciendo la economía provincial.Por otro lado, la renegociación con Cresud y Anta del Plata podría liberar recursos fiscales si las tierras recuperadas se destinan a proyectos productivos de alto impacto. Sin embargo, es crucial que el gobierno equilibre los intereses de las empresas privadas con los objetivos de desarrollo social, para evitar conflictos legales o económicos que retrasen la implementación.
¿A quién beneficia este proyecto?
- Pequeños productores y puesteros: Las familias que ocupan tierras desde hace décadas son los principales beneficiarios, ya que obtendrán seguridad jurídica sobre sus terrenos, lo que les permitirá invertir en sus actividades productivas y mejorar su calidad de vida.
- Gobierno provincial: El Ejecutivo refuerza su legitimidad política al abordar una problemática histórica, ganando apoyo entre sectores rurales y consolidando su imagen como defensor de la justicia social.
- Economía local: La regularización y la reactivación de tierras improductivas podrían dinamizar el comercio agrícola, generar empleo y aumentar los ingresos fiscales a través de una mayor actividad económica.
- Consumidores locales: Un aumento en la productividad agrícola podría estabilizar los precios de alimentos en el mercado salteño, beneficiando a la población en general.
- Potencialmente, las concesionarias: Si las renegociaciones con Cresud y Anta del Plata se manejan de manera transparente y equitativa, estas empresas podrían mantener su presencia en la región bajo términos más alineados con los intereses provinciales.
Por el contrario, los posibles perdedores podrían incluir a las concesionarias si las renegociaciones implican una reducción significativa de sus tenencias o condiciones menos favorables. Además, aquellos ocupantes que no cumplan con los requisitos para la regularización podrían enfrentar incertidumbre, aunque el traslado a La Bomba ofrece una solución parcial.
