El Gobierno nacional reglamentó que los extranjeros que no residan en el país deberán abonar la atención médica no urgente en los hospitales de gestión nacional.
La resolución 1066/2026, publicada este martes, establece un criterio claro: la emergencia vital sigue garantizada para cualquier persona, pero el resto de las prestaciones pasará a ser arancelada para quienes no tengan residencia argentina.
La decisión replica una política que la provincia de Salta puso en marcha a comienzos de 2024 bajo la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. En los hospitales salteños se logró un ahorro importante en costos operativos que se destinó, entre otras cosas, a la compra de ambulancias e insumos. Según datos provinciales, de los 31.561 pacientes extranjeros atendidos en 2023 se pasó a apenas 77 en 2024 y a solo 10 hasta julio de este año.
Esa caída drástica en la demanda de personas no residentes liberó camas y recursos para los salteños. El ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, había señalado que la medida permitió “tener camas para nuestros pacientes”, en referencia a la necesidad de priorizar a quienes viven y aportan en el territorio. La falta de reciprocidad en los sistemas de salud de países vecinos fue uno de los argumentos centrales que impulsó la decisión en Salta.
Con el dinero ahorrado, la provincia adquirió 34 ambulancias nuevas, lo que mejoró de forma concreta la capacidad de respuesta ante emergencias. El ejemplo salteño mostró que una gestión más eficiente de los recursos sanitarios puede traducirse en beneficios directos para la población local, sin dejar de lado la atención humanitaria en casos de riesgo de vida.
A nivel nacional, la reglamentación apunta a evitar que el sistema público absorba de manera ilimitada consultas y tratamientos de personas que llegan desde el exterior exclusivamente para atenderse. La resolución deja en claro que toda situación que represente un peligro real e inminente para la vida o las funciones vitales del paciente seguirá siendo cubierta sin costo, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio.
La experiencia de Salta demostró que la medida es efectiva para reducir la afluencia de pacientes extranjeros no residentes y, al mismo tiempo, reforzar la capacidad operativa de los centros de salud. Ahora, con la resolución nacional, ese criterio se extiende a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, en un intento por equilibrar la solidaridad con la sostenibilidad del sistema público argentino.
