A casi un año del crimen que sacudió a la sociedad argentina, la Justicia dará inicio al juicio que buscará establecer la responsabilidad penal del joven acusado por la muerte de Kim Gómez. El proceso comenzará el próximo 18 de febrero en La Plata y se desarrollará bajo estrictas condiciones de reserva, en el marco de la legislación vigente para delitos cometidos por menores de edad.
El debate estará a cargo del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, que llevará adelante las audiencias durante la segunda quincena de febrero. Aunque el principal imputado ya alcanzó la mayoría de edad, el juicio se rige por el régimen penal juvenil debido a que tenía 17 años al momento del hecho, ocurrido en febrero de 2025.
El caso generó una profunda conmoción pública por la brutalidad del episodio. Kim Gómez murió durante un robo automotor cuando fue arrastrada varias cuadras tras quedar enganchada con el cinturón de seguridad. El hecho ocurrió durante la huida de los delincuentes, que se desplazaban en el vehículo de la madre de la víctima. La secuencia terminó cuando el auto impactó contra un poste de luz, momento en el que fue hallado el cuerpo de la niña debajo del rodado.
Según la investigación, el robo fue ejecutado por dos adolescentes. El acusado principal enfrentará cargos por homicidio en ocasión de robo, una figura penal que, en el caso de adultos, contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de un proceso bajo la Ley 22.278, la eventual condena deberá ajustarse a criterios específicos que contemplan la edad del imputado al momento del delito.
Uno de los rasgos centrales del juicio será la reserva de identidad del acusado. Por disposición legal, su nombre no puede ser difundido y las audiencias se realizarán a puertas cerradas, sin presencia de público ni de la prensa. Estas restricciones buscan preservar derechos vinculados al sistema penal juvenil y forman parte del procedimiento habitual en este tipo de causas.
Además, el tribunal deberá analizar informes interdisciplinarios elaborados por equipos técnicos especializados, que evaluaron la situación personal, familiar y psicológica del joven. En función de esos elementos, la ley establece que la pena aplicable debe reducirse entre un tercio y la mitad respecto de la escala prevista para adultos, bajo una lógica que prioriza la reinserción social.
La situación del segundo implicado en el crimen es distinta. Al tener 14 años al momento del hecho, la legislación argentina lo considera no punible. Por ese motivo, no será sometido a un juicio oral. Actualmente, se encuentra alojado en un instituto especializado para menores, bajo una medida de seguridad dispuesta por dos años. Allí recibe un abordaje pedagógico y psicológico, con un régimen diferenciado del sistema penitenciario común.
Durante la etapa de investigación, la fiscalía reunió diversas pruebas que sostienen la acusación contra el principal imputado. Entre los elementos incorporados a la causa figura un registro de cámaras de seguridad tomado minutos antes del asalto, donde se observa a uno de los jóvenes con una vestimenta distintiva. Esa prenda fue secuestrada posteriormente durante un allanamiento, y se convirtió en una de las evidencias clave del expediente.
El juicio llega en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a los hechos de inseguridad protagonizados por menores y al debate recurrente sobre el régimen penal juvenil en la Argentina. El caso Kim Gómez se transformó en un símbolo del reclamo de justicia por parte de la familia y de amplios sectores de la sociedad, que siguen de cerca el avance del proceso judicial.
En las próximas semanas, el tribunal deberá evaluar las pruebas reunidas, los informes técnicos y los planteos de las partes para determinar la responsabilidad penal del acusado. Aunque el desarrollo del juicio será reservado, su resolución marcará un punto decisivo en una causa que dejó una huella profunda y reavivó discusiones de fondo sobre delito, castigo y protección de derechos en casos que involucran a menores.
