La provincia de Salta, al igual que otras zonas sísmicas del mundo, enfrenta desafíos en cuanto a la seguridad de sus edificios frente a movimientos telúricos. Aunque existe una ley aprobada en 2012 y otra de la década de 1980 que establecen la necesidad de cumplir normas sísmicas en las construcciones, la falta de reglamentación y control efectivo ha generado preocupaciones sobre la seguridad de los edificios públicos y privados. El ingeniero José Luis García, especialista y revisor de normas sísmicas del COPAIPA, en conversación con Agenda/Salta, abordó los desafíos e implicancias de esta situación.
El Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de la Provincia de Salta, también conocido como COPAIPA, es el organismo encargado de los controles de construcción en la provincia, verifica que las obras cumplan con las normas sísmicas impuestas por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Precisamente uno de sus miembros, señaló que existe una preocupación significativa en relación a los edificios construidos anteriormente a la ley de 1980, cuando se reglamentó por primera vez la cuestión, ya que no se sabe si cuentan con las normas sísmicas adecuadas. Los terremotos ocurridos en 2010 y 2016 evidenciaron que los edificios construidos bajo las nuevas normativas resistieron mejor, mientras que los antiguos sufrieron daños significativos.
García recordó que en 2012 se promulgó otra ley, la de verificación de condiciones de seguridad en edificios de uso público, que amplió la responsabilidad de controlar no solo la estructura, sino también la instalación eléctrica y las normas de higiene y seguridad. Sin embargo, esta ley aún no ha sido reglamentada, lo que significa que no se ha establecido el marco normativo y los procedimientos necesarios para su implementación. El ingeniero García destacó en ese sentido la falta de respuesta del Ejecutivo y la necesidad de que el Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos desarrolle el reglamento correspondiente.
Esta situación genera gran incertidumbre y pone en riesgo la seguridad de la sociedad salteña, ya que un sismo de gran magnitud podría resultar en tragedias si los edificios no cumplen con las normas sísmicas adecuadas. Además, no se sabe a ciencia cierta qué edificios de la ciudad están o no en condiciones de resistir un movimiento telúrico de gran magnitud. En ese sentido, García destacó que el control de edificios en altura parece ser más efectivo, pero aún existe preocupación por la cantidad de construcciones no declaradas que podrían no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Incluso en construcciones hogareñas, es fundamental que un profesional responsable realice el proyecto y se asegure de que se cumplan las normas.
La falta de reglamentación implica que no se han realizado los diagnósticos necesarios para determinar qué trabajos de refuerzo son urgentes. La tarea de evaluar los edificios existentes llevaría un tiempo considerable, especialmente si se considera la cantidad de edificios de uso público en toda la provincia. Es necesario establecer prioridades y enfocarse en las instituciones más críticas, como escuelas, templos, bancos, cines y teatros. Además, García señaló que se necesitan recursos y un plan de acción para realizar los trabajos necesarios de manera ordenada y prioritaria. El ingeniero acotó, antes de finalizar, que es crucial establecer una política de Estado que fomente el estudio permanente y el mantenimiento de los edificios históricos
