La abogada argentina Agostina Páez se refirió públicamente a la denuncia por injuria racial que enfrenta en Brasil, luego de un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. En sus declaraciones, rechazó haber tenido una conducta racista, aseguró que su reacción fue emocional y manifestó su deseo de volver a la Argentina para atravesar el proceso judicial desde su país.
El hecho tuvo lugar el 14 de enero y derivó en su imputación por injuria racial, una figura contemplada en la legislación brasileña. Desde entonces, Páez permanece bajo restricciones judiciales, con una tobillera electrónica y la imposibilidad de salir del estado mientras avanza la investigación.
“Jamás tuve intención de discriminar”, sostuvo la letrada, quien reconoció que la situación se desbordó y tuvo consecuencias que nunca imaginó. Según relató, el impacto del caso fue más allá del plano judicial y afectó su vida cotidiana, generándole miedo y una fuerte exposición pública.
En ese sentido, explicó que atraviesa el proceso con angustia y que su principal objetivo es poder continuar la causa desde la Argentina. Si bien evitó profundizar en detalles legales, dejó en claro que se siente desbordada por el contexto y por la forma en la que se desarrollaron los hechos posteriores a la denuncia.
Páez también cuestionó el accionar de las autoridades durante su detención y el tiempo posterior. Afirmó que, aunque algunos efectivos mantuvieron un trato correcto, hubo actitudes que consideró innecesarias y que agravaron su situación personal. Para la abogada, ese trato desigual forma parte de un proceso que describe como hostil.
Otro punto central de su descargo fue el uso de su imagen en una campaña antirracismo difundida por la Policía local. Según expresó, esa decisión fue humillante y prematura, ya que aún no existe una condena en su contra. Desde su mirada, la exposición pública contribuyó a instalar una imagen de culpabilidad antes de que la Justicia se expida.
Además, aseguró sentirse señalada de manera particular en comparación con otros casos similares. Sostuvo que existen antecedentes de situaciones parecidas, pero que en su caso hubo un énfasis mayor tanto en el tratamiento del hecho como en su difusión.
En relación con el bar donde ocurrió el episodio, Páez señaló que su defensa solicitó la totalidad de las cámaras de seguridad del lugar. Según explicó, inicialmente solo se entregaron algunos registros, mientras que otros videos —que considera clave— no habrían sido incorporados en un primer momento. Para la imputada, esas imágenes permitirían reconstruir lo ocurrido con mayor claridad.
También indicó que no estaba al tanto de que estaba siendo grabada y que las denuncias se ampliaron con el correr de los días, lo que, según su versión, terminó de consolidar una narrativa negativa en su contra. En ese marco, cuestionó que se avance sobre su figura sin una resolución judicial firme.
Mientras la causa sigue su curso en Brasil, Agostina Páez permanece imputada y a la espera de definiciones sobre su situación procesal. El caso continúa generando repercusiones y mantiene abierta la discusión sobre el alcance de las denuncias por injuria racial, la exposición mediática y las garantías durante los procesos judiciales en el exterior.
