Un hombre armado con un cuchillo hirió a efectivos de la Policía de Salta tras una persecución a pie en el acceso norte de la Ruta 34, en Tartagal, un hecho que volvió a poner en evidencia la notoria falta de preparación y equipamiento adecuado con la que las fuerzas de seguridad provinciales enfrentan situaciones de alto riesgo e inminente peligro en la vía pública.
El incidente, ocurrió a plena luz del día en un punto neurálgico del departamento General José de San Martín y finalizó con un policía hospitalizado en la Clínica San Antonio. Mientras que el agresor reducido en el asfalto únicamente tras el despliegue de múltiples patrulleros, motoristas y unidades del Departamento de Seguridad Urbana (D.S.U.) quedó a disposicion de la justicia.
El episodio refleja un patrón recurrente en las intervenciones urbanas: efectivos cuerpo a cuerpo o obligados a maniobras de repliegue impredecibles ante la ausencia de dispositivos de letalidad reducida, como pistolas de taser o sprays defensivos de alcance.
Además, se pudo percibir a través de las imágenes que se viralizaron, la clara falta de entrenamiento continuo en técnicas de desarme y control de distancia, que expone a los uniformados a situaciones extremas donde la integridad física —tanto del personal como de terceros— queda supeditada al azar o a la superioridad numérica en la escena.
El desafío institucional en el mapa provincial y como reaccionó el ejecutivo
El caso reabre una discusión recurrente: la modernización integral de la Policía de la Provincia en materia de equipamiento táctico y actualización de protocolos de actuación en la calle. Mientras en la Capital y en los principales municipios del interior la conflictividad social y los hechos de violencia urbana mutan en complejidad, las patrullas continúan respondiendo con recursos limitados, dejando al descubierto una brecha preocupante entre el riesgo real y la capacidad operativa de respuesta.
En ese sentido el Ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, dispuso la aplicación inmediata de nuevos lineamientos operativos para optimizar la respuesta policial. Bajo directivas expresas de la cartera ministerial, se determinó que la Policía de Salta implemente de manera estricta los protocolos establecidos para el abordaje de situaciones en las que existan amenazas con armas punzocortantes.
Como eje central de estas medidas de aplicación inmediata, se estableció que, ante agresiones que pongan en riesgo la vida de terceros o de los propios efectivos, el personal intervino deberá hacer uso racional de la fuerza de forma disuasiva y persuasiva. Particularmente, se fijó que, ante ataques cometidos a una distancia menor a los siete metros, los uniformados están habilitados para actuar con firmeza y neutralizar el accionar violento del agresor en defensa propia.
En paralelo a la actualización directiva sobre el uso de la fuerza en la vía pública, el Ejecutivo provincial impulsará la adquisición formal de pistolas Taser y dispositivos electrónicos disuasivos. Esta incorporación tecnológica busca dotar a las patrullas callejeras de herramientas de letalidad reducida, evitando así que las actuaciones ante sujetos armados con elementos cortantes dependan exclusivamente del cuerpo a cuerpo o de maniobras de alto riesgo físico.
Finalmente, las autoridades ordenaron profundizar la formación interna mediante la intensificación de cursos y capacitaciones obligatorias orientadas a todo el personal de la institución. Dichas exigencias formativas funcionarán además como un requisito de carácter condicionante para los futuros ascensos de jerarquía dentro de la fuerza de seguridad provincial.
¿Qué ocurre en otros países ante la misma situación? Un hombre armando atacando a la policía
La escena de un agresor empuñando un arma blanca contra agentes en servicio dispara inevitablemente la comparación con los estándares de seguridad de otras jurisdicciones globales. En países como Estados Unidos o en diversas naciones de Europa occidental, el ataque directo con arma cortante hacia un oficial de policía activa de inmediato protocolos de uso de fuerza letal bajo la regla de proporcionalidad de la amenaza (conocida en la doctrina penal como la "regla de los 21 pies" o distancia de reacción mínima).
Otro ejemplo cercano, se dio en Brasil, luego de que una mujer armada con un cuchillo fuera abatida por la Policía Militar en plena vía pública. Fue identificada como Camila Pereira da Silva, de 32 años y madre de dos hijas. En los videos se observa cómo tres efectivos policiales retrocedían mientras le ordenaban repetidamente a la mujer que soltara el arma blanca y detuviera su avance. Sin embargo, la mujer continuó acortando distancia hacia los uniformados empuñando el cuchillo y fue abatida.
En la práctica internacional, una persona que embiste a las fuerzas de seguridad con un arma blanca frecuentemente termina abatida en el acto si rebasa el perímetro de seguridad. En contraposición, en el contexto argentino y salteño en particular, la indefinición de marcos normativos claros y la escasez de insumos alternativos generan una delgada línea entre la vulnerabilidad del agente y el riesgo de incurrir en excesos en el cumplimiento del deber.
El uso de la fuerza letal como última opción
El foco del debate sobre la seguridad pública no pasa por exigir un accionar letal ni por alentar respuestas desmedidas en la vía pública, sino por exigir preparación, previsibilidad y respaldo institucional.
Nadie busca que la Policía de Salta actúe a ciegas o recurra al uso de la fuerza letal como primera medida. Por el contrario, la clave radica en la elaboración y perfeccionamiento de protocolos de actuación progresivos, donde la fuerza letal sea estrictamente el último recurso en la lista, reservado de forma excepcional únicamente cuando exista un peligro inminente e insalvable para la vida de los efectivos o de terceros.
Para que este esquema escalonado funcione, resulta indispensable dotar a los uniformados de alternativas intermedias —como la capacitación continua en técnicas de persuasión, manejo de crisis y el equipamiento con herramientas no letales— que permitan neutralizar amenazas a distancia antes de llegar a un punto de no retorno.
Asimismo, cuando las circunstancias extremas hagan inevitable el uso de la fuerza, las fuerzas de seguridad deben contar con un marco legislativo y legal claro que las ampare. Un protocolo profesional no solo protege la vida de los ciudadanos, sino que brinda seguridad jurídica al policía que actúa correctamente en el cumplimiento de su deber, evitando que quede desprotegido ante la justicia por fallas o vacíos en la doctrina institucional.
