El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), puso la lupa sobre el festival de pensiones truchas que dejó el kirchnerismo y ya suspendió o dio de baja más de 80.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
Esta auditoría, que revisa a un millón de beneficiarios, expuso un descontrol histórico en la asignación de beneficios, con casos que van de lo insólito a lo directamente fraudulento. La maniobra, que durante años engordó clientelismo político, le costaba al Estado más de $23.000 millones por mes.
El descontrol kirchnerista en números
Según la ANDIS, de las 80.080 pensiones eliminadas, 65.230 fueron suspendidas por irregularidades groseras, 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente para esquivar juicios y 6.643 fueron dadas de baja porque los titulares estaban fallecidos, aunque sus familias seguían cobrando como si nada. Cada pensión, con un monto mensual de $289.000, representaba una sangría para las arcas públicas.
El ahorro mensual tras estas bajas asciende a $23.143.120.000, una cifra que evidencia la magnitud del curro.Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, no se guardó nada: “Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez laboral explotaron de 80.000 a 1.050.000, un crecimiento absurdo, incluso comparado con países en guerras mundiales”. Y no paró ahí: durante el gobierno de Alberto Fernández, la cifra trepó a 1.250.000. ¿Casualidad? No. Spagnuolo denunció que en actos políticos K se repartían hasta mil pensiones por evento, un curro que movía $300 millones mensuales.
Los casos más ridículos del curro K
La auditoría destapó un circo de irregularidades que parecen sacadas de una comedia berreta. Acá, una lista de los casos más insólitos detectados:Amputaciones fantasma:
- Certificados médicos que declaraban amputaciones inexistentes, con beneficiarios caminando sin problemas.
- Radiografía multiuso: Una misma placa de rayos X usada en 150 trámites distintos, como si fuera un comodín del fraude.
- Pie plano como discapacidad: Diagnósticos truchos por “pie plano”, una condición que no justifica una pensión por invalidez.
- Presos y prófugos millonarios: 212 presos y 331 prófugos cobraban pensiones, el 85% otorgadas bajo gobiernos kirchneristas.
- Muertos que cobran: 6.643 casos de beneficiarios fallecidos, con familiares embolsando la plata mes a mes.
- Transformismo trucho: Una mujer se disfrazó de su esposo para hacerse pasar por él en la revisión médica.
- Vida de faraón: Un hijo admitió que su padre, supuestamente discapacitado, vivía en Egipto mientras él cobraba la pensión.
Cómo funcionaba el curro
El mecanismo era simple: durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, las pensiones se entregaban como caramelos en actos políticos, sin evaluación médica ni control serio. La ANDIS encontró que el 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria, un requisito básico para mantener el beneficio. ¿Por qué? Porque muchos sabían que sus casos no resistían el menor escrutinio.
El procedimiento actual es claro: la ANDIS notifica por carta documento con fecha, hora y lugar de revisión. Si el beneficiario no aparece, recibe una segunda intimación. Si sigue sin presentarse, chau pensión. Para la revisión, se pide DNI, el Certificado Único de Discapacidad (si lo tienen) y los certificados médicos originales. Solo regularizando la situación médica se evita la baja definitiva.
El nuevo marco legal
El Decreto 842/2024, publicado el 9 de abril, le dio más poder a la ANDIS para limpiar este desmadre. Ahora, todos los beneficiarios deben actualizar datos y reinscribirse, se endurecieron las incompatibilidades y la agencia puede suspender pagos ante sospechas de fraude. Además, se cruzan datos con ANSES, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia para detectar irregularidades. Esto permitió, por ejemplo, descubrir que presos y prófugos enganchaban pensiones como si fueran caramelos.
Un cambio necesario
Desde la ANDIS aseguran que estas auditorías son clave para “redirigir los recursos a las personas con discapacidad que realmente los necesitan”. El objetivo es terminar con el clientelismo y garantizar transparencia en la distribución de beneficios. “Los gobiernos K hicieron de los subsidios un curro discrecional, sin evaluar necesidades reales. Eso estamos revirtiendo”, dispararon desde el organismo.
El contraste es brutal: mientras el kirchnerismo inflaba las pensiones para comprar votos, hoy se busca que cada peso llegue a quien corresponde. La auditoría, ejecutada por médicos de PAMI y personal de la ANDIS, abarca a todos los beneficiarios mayores de edad bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, salvo menores y quienes ya fueron revisados en 2024.
