El caso de Solange Musse, la joven que murió de cáncer durante la pandemia sin poder despedirse de su papá, volvió a escena esta semana con el inicio del juicio oral en los tribunales de Río Cuarto. A más de cuatro años del hecho, dos exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Huinca Renancó están en el banquillo de los acusados, señalados por haber impedido el ingreso del padre de la joven a la provincia de Córdoba durante la etapa más dura de las restricciones sanitarias.
Solange atravesaba un cáncer de mama en estadio avanzado y recibía cuidados paliativos en su casa de Alta Gracia. En agosto de 2020, su papá, Pablo Musse, emprendió un viaje desde Neuquén con el objetivo de verla antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, al llegar al control sanitario fue obligado a regresar a su provincia escoltado por la policía, pese a haber presentado documentación médica y acompañado por una persona con discapacidad.
Los imputados son el médico Eduardo Andrada, exdirector del hospital local, y la asistente social Analía Morales, quien estaba a cargo del puesto sanitario. Están acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al haber bloqueado un pedido considerado como una excepción humanitaria según los protocolos vigentes.
Según la investigación, los funcionarios desoyeron las normas que permitían casos especiales y forzaron a Musse a emprender el regreso encapsulado, sin darle la posibilidad de acompañar a su hija en sus últimos días de vida. Solange falleció pocos días después, y su caso se convirtió en uno de los símbolos más crudos del impacto humano de las restricciones por COVID-19.
El juicio se desarrolla ante la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto, con la participación de un jurado popular. Durante la primera audiencia declararon ambos imputados, quienes negaron haber tomado decisiones personales y aseguraron haber cumplido con lo que establecía el COE en ese momento. Morales sostuvo que atraviesa un proceso psicológico por las consecuencias del caso y que "lamenta profundamente" lo ocurrido.
Desde la querella, el abogado José Nayi indicó que si bien los acusados podrían recibir penas de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, no se prevé que vayan a prisión efectiva. Además, señaló que continúa abierta una causa paralela que apunta a responsabilidades más amplias dentro de los gobiernos provincial y nacional.
A la salida del tribunal, Pablo Musse se mostró firme: “Esperamos mucho este día. Se lo prometimos a Solange. Sabemos que hay más responsables y vamos por ellos también”. Su testimonio, cargado de dolor y convicción, volvió a poner el foco en las decisiones tomadas en nombre de la emergencia y el costo humano que implicaron.
En Salta, donde también se vivieron situaciones similares durante los picos de la pandemia, el caso genera una fuerte identificación social. Muchas familias aún recuerdan los momentos de aislamiento, los impedimentos para despedir a seres queridos o incluso para visitar pacientes internados. El juicio reabre ese debate y pone a prueba la capacidad del Estado para rendir cuentas.
Las audiencias continuarán en los próximos días con la declaración de testigos clave y la revisión de documentos sanitarios de la época. Mientras tanto, la historia de Solange vuelve a resonar como un llamado a la memoria, la empatía y la responsabilidad institucional.
