El conflicto que sacude a la Escuela Nº 4013 Delfín Leguizamón, ubicada en barrio Castañares, encendió todas las alarmas en la comunidad educativa salteña. La tensión creció a raíz de denuncias por parte de padres y madres que retiraron a sus hijos del establecimiento, reclamando por presuntas amenazas, falta de respuestas institucionales y hechos de gravedad que involucrarían a estudiantes. Finalmente, el Ministerio de Educación de Salta resolvió apartar a la directora Liliana Aramayo, quien fue licenciada y será trasladada a otra institución.
La decisión busca resguardar tanto la integridad de la funcionaria como la estabilidad de la institución, luego de semanas de creciente malestar. Según confirmó el subsecretario de Política Socioeducativa, Alejandro Williams Becker, la medida se enmarca en los protocolos oficiales para abordar situaciones de conflicto escolar.
Todo comenzó con la preocupación de familias ante episodios que fueron señalados como conductas inapropiadas entre alumnos, y que algunos interpretaron como posibles casos de abuso. Desde la cartera educativa se aclaró que no se comprobó abuso sexual, sino situaciones que, aunque preocupantes, corresponden al desarrollo evolutivo infantil y fueron abordadas con intervención interdisciplinaria.
Uno de los reclamos más fuertes de los tutores fue el supuesto intento de relativizar los hechos como "cosas de chicos", lo que generó una sensación de desprotección. Frente a esto, Williams Becker reconoció que alguna expresión pudo haber sido poco prudente, pero aseguró que todas las actuaciones fueron realizadas conforme a los protocolos, con psicólogos, docentes y supervisores en articulación.
Además, se aplicaron medidas preventivas, como la educación domiciliaria temporal para algunos alumnos, siempre con consentimiento de los padres. También se atendieron casos de acoso escolar persistente, en los que ya se había intervenido previamente.
Otro punto conflictivo fue la circulación de contenido inapropiado en grupos de WhatsApp entre alumnos. Desde el Ministerio explicaron que ese tipo de situaciones excede la competencia escolar directa, ya que ocurren en entornos digitales privados y dependen del control familiar sobre los dispositivos.
El hallazgo de restos de marihuana en una zona del edificio también generó preocupación. Sin embargo, se confirmó que el material provenía del turno del BSPA (Bachillerato para Adultos), que funciona en el mismo predio, y no estuvo relacionado con estudiantes de nivel primario.
Las críticas también apuntaron al supervisor Aldo Aranda, a quien algunos acusan de haber encubierto o respaldado a la directora. Si bien Williams Becker no confirmó vínculos personales, señaló que todas las actuaciones de supervisión serán revisadas para determinar la pertinencia de las decisiones tomadas.
Actualmente, las clases continúan con cierta normalidad, aunque con asistencia reducida. Las autoridades provinciales aseguran que se trabaja para recomponer la confianza, garantizar la seguridad y restablecer la convivencia escolar. Se espera que en los próximos días se designe a un nuevo equipo directivo.
Desde el Ministerio remarcan que el derecho a la educación debe primar, pero también apelan a la responsabilidad de las familias para enviar a los chicos a clases. “No hay forma de garantizar una educación segura si no hay compromiso compartido entre escuela, familia y comunidad”, señalaron.
Con la salida de la directora y una intervención oficial en marcha, la Escuela Delfín Leguizamón enfrenta un proceso de reconstrucción institucional. El desafío será lograr que el foco vuelva a estar donde siempre debió estar: en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.
