En Los Toldos, un pequeño municipio del departamento Santa Victoria en Salta, estalló un nuevo capítulo de un escándalo que sacude a la región: vecinos denuncian que ciudadanos bolivianos, sin residencia real en la localidad, figuran en el padrón electoral y cruzan la frontera para votar en elecciones locales.
La acusación, que incluye la entrega irregular de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a extranjeros, suma tensión a un problema que ya había sido señalado en Aguas Blancas y otros puntos fronterizos de la provincia. La investigación, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, comienza a destapar una red de irregularidades que podría tener graves consecuencias institucionales.
El malestar en Los Toldos creció tras la reciente llegada de un equipo móvil del Registro Civil al municipio, destinado a facilitar trámites de identificación y actualización de DNI, validados por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Vecinos aseguran que este operativo abrió la puerta a un ingreso masivo de ciudadanos bolivianos que, según denuncian, solo aparecen en la localidad para votar o acceder a beneficios sociales, como planes o pensiones, sin vivir efectivamente en el lugar. “Acá nos conocemos todos, es una comunidad chica. Hartos estamos de que vengan solo a llenar urnas o a cobrar algo que no les corresponde”, expresó un toldeño que prefirió mantener su identidad en reserva para evitar represalias.
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Vecinos de Los Toldos entregaron a Virginia Cornejo dos listados con nombres y apellidos de ciudadanos bolivianos que figuran en el padrón electoral de ese circuito sin tener residencia real y efectiva.
El caso de Los Toldos no es un hecho aislado. En Aguas Blancas, otro municipio fronterizo, se detectó que el padrón electoral tiene un 57% más de votantes que habitantes censados, lo que disparó una investigación federal. La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, presentó pruebas contundentes ante el fiscal Toranzos, incluyendo listados de personas que figuran como votantes sin residir en la localidad. En Los Toldos, Cornejo amplió su denuncia días atrás con dos listados de nombres de ciudadanos bolivianos que, según los vecinos, no viven en el municipio pero están habilitados para votar.
Las raíces de este problema se remontan a 2011, cuando una amnistía impulsada por el gobierno nacional, y reglamentada en Salta durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, facilitó la inscripción de nacimientos y la entrega de DNI a personas que acreditaban pertenencia a comunidades originarias. Esta medida, que requería solo dos testigos y el aval de un cacique, derivó en un aluvión de registros irregulares, especialmente en municipios fronterizos. Según las denuncias, muchos ciudadanos bolivianos obtuvieron documentos argentinos con certificaciones falsas, lo que les permitió acceder al padrón electoral y a beneficios sociales.
La investigación, que avanza con medidas concretas en Aguas Blancas y ahora se expande a Los Toldos, pone bajo la lupa no solo el fraude electoral, sino también una posible red de complicidades que permitió estas maniobras durante más de una década. Mientras la Justicia Federal busca desentrañar las responsabilidades, en los municipios salteños fronterizos crece la indignación por un sistema que, según los vecinos, “se presta a maniobras que perjudican a todos”.
