El caso explotó a principios de agosto cuando Mendoza, profesora de Ciencias Sociales y referente en derechos humanos, presentó una denuncia policial y ante el Ministerio de Educación de Salta por presuntos abusos del docente hacia una alumna de 18 años que le había pedido ayuda. Tras la acusación, el hombre fue apartado preventivamente.
Sin embargo, la Fiscalía Penal Nº2 tomó declaración a la estudiante y esta negó todo lo relatado anteriormente. Con esa retractación, la causa penal quedó archivada y el profesor fue restituido de inmediato en sus funciones, según confirmaron desde la supervisión escolar.
El castigo, en cambio, cayó sobre la denunciante. La directora general de Nivel Secundario, Marta Isabel Segura, firmó la suspensión de Mendoza por cinco días al considerar “inapropiada” la grabación del audio en el que la alumna detallaba los hechos, una prueba que la docente obtuvo después de que le exigieran elementos concretos para avanzar con la denuncia.
Mendoza se defiende: asegura que actuó para proteger a la joven, que sufría ataques de pánico y pensamientos suicidas por la situación. “Me castigan justamente por lo único que me respalda ahora que intentan hacerme pasar por mentirosa”, afirmó la profesora, que ya presentó un recurso de reconsideración con su abogada.
La supervisora Soledad Maciel explicó que, al caerse la causa penal, el Ministerio de Educación no tiene herramientas para mantener al docente afuera. “No somos justicia, seguimos lo que resuelve Fiscalía”, resumió.
El regreso del profesor genera miedo entre alumnos y familias del colegio, que reúne a más de 230 adolescentes de comunidades originarias en una de las zonas más postergadas del norte salteño. Muchos ven el episodio como un mensaje desalentador para quienes intenten denunciar abusos en el ámbito escolar.
Mendoza advierte que no es un caso aislado: la propia docente asegura haber sufrido acoso del mismo profesor cuando empezó a trabajar en la institución, hace años. En aquel momento denunció ante la dirección y la supervisión, pero todo quedó en la nada por encubrimiento.
El episodio pone otra vez bajo la lupa el funcionamiento de los protocolos contra la violencia de género en las escuelas de Salta y la dificultad para proteger tanto a las víctimas como a quienes se animan a alzar la voz en contextos donde el poder y los vínculos personales suelen pesar más que las normas.
