Una investigación judicial sin precedentes sacude a la provincia de Salta, donde médicos, empleados municipales y funcionarios están bajo la lupa por el presunto otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad. El escándalo, que ya dejó al descubierto más de 22 mil casos sospechosos, alcanza a localidades como El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña, donde en los últimos días se realizaron al menos 17 allanamientos simultáneos.
El operativo fue encabezado por la Justicia federal y forma parte de una causa que tuvo su origen en Taco Pozo, provincia de Chaco, pero que rápidamente se expandió a Salta y Jujuy, revelando un entramado que permitió el acceso a beneficios económicos estatales mediante documentación apócrifa y maniobras administrativas sospechosas.
Los allanamientos se concretaron en clínicas privadas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales, donde los investigadores secuestraron computadoras, celulares, documentación física y dinero en efectivo. Todo ese material ahora será analizado para determinar el grado de participación de cada involucrado.
El avance de la causa, que ya genera repercusión a nivel nacional, apunta a identificar a los responsables de una maniobra que representaría un perjuicio millonario para las arcas del Estado. Según estimaciones preliminares, el volumen de pensiones otorgadas de manera fraudulenta es tan elevado que desde la propia Fiscalía Federal no dudaron en calificar las cifras como “obscenas”.
Aunque aún no trascendieron nombres, las fuentes judiciales sostienen que en breve comenzarán las imputaciones. El abanico de sospechados es amplio: desde médicos que habrían emitido certificados sin respaldo médico real, hasta trabajadores sociales, administrativos y figuras con cargos políticos que facilitaron los trámites a cambio de favores o beneficios personales.
El fiscal que impulsa la investigación, Carlos Amad, puso el foco en un crecimiento “exponencial” de los beneficios durante la gestión nacional anterior, en el periodo del gobierno de Alberto Fernández. En ese contexto, se dispararon las solicitudes y concesiones de pensiones por discapacidad, muchas de las cuales hoy están bajo análisis por presuntas irregularidades.
La clave del mecanismo habría sido la falsificación o adulteración de documentos médicos que permitían acceder a las pensiones, junto con la connivencia de agentes estatales que omitieron controles o directamente avalaron los expedientes sin cumplir con los requisitos establecidos por ley. El objetivo: obtener un ingreso mensual asegurado del Estado, en algunos casos sin ningún tipo de justificación legítima.
En paralelo, se solicitó una auditoría sobre el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para evaluar cómo se gestionaron los beneficios durante el periodo investigado y detectar las fallas que permitieron que la maniobra escalara a esta magnitud.
Desde la Justicia remarcan que este tipo de delitos no solo implica una defraudación económica, sino que también vulnera los derechos de las personas que realmente necesitan el apoyo del Estado y que podrían haber quedado relegadas en el acceso a una pensión por culpa de este sistema corrupto.
En Salta, el impacto es fuerte. En zonas donde la pobreza y la falta de empleo son moneda corriente, las pensiones no contributivas por discapacidad se convirtieron en una herramienta de supervivencia para muchas familias. Pero también, como lo demuestra esta investigación, se transformaron en una vía rápida para acceder a ingresos sin control suficiente, lo que generó una red clientelar que ahora comienza a desmoronarse.
A pesar del hermetismo judicial, trascendió que la documentación secuestrada en los allanamientos podría aportar pruebas clave sobre cómo se estructuró la red: listas de beneficiarios, diagnósticos médicos genéricos y copias de trámites administrativos forman parte del paquete de elementos que serán peritados.
Los próximos pasos de la causa serán fundamentales. Una vez finalizados los peritajes, el Ministerio Público Fiscal avanzará con las imputaciones formales. Todo indica que en el listado figurarán profesionales de la salud que habrían utilizado sus matrículas para avalar diagnósticos falsos, así como funcionarios que habilitaron expedientes a sabiendas de su carácter trucho.
Si bien los hechos investigados datan principalmente de los últimos años, no se descarta que existan antecedentes más antiguos. La Justicia no descarta ampliar el periodo de análisis si aparecen nuevas pruebas o testimonios que vinculen la operatoria con gestiones anteriores.
En términos económicos, aún no hay una estimación oficial del monto total defraudado, pero se habla de cifras millonarias en concepto de pagos mensuales acumulados durante años. El Estado nacional destina importantes recursos a las pensiones no contributivas, que, en muchos casos, superan los $100.000 mensuales por beneficiario.
El perjuicio, sin embargo, no es solo monetario. Este tipo de fraudes profundiza la desconfianza social hacia los programas de asistencia y debilita las políticas públicas destinadas a los sectores más vulnerables. Desde distintos sectores de la sociedad ya se pide que las responsabilidades no queden en funcionarios de bajo rango y que se investigue a fondo hasta llegar a los verdaderos responsables del armado de la red.
Mientras tanto, en las localidades mencionadas reina la preocupación. Muchos vecinos aseguran haber visto movimientos extraños en oficinas públicas en los días previos a los allanamientos. Otros, en cambio, sostienen que se trata de un "secreto a voces" que finalmente salió a la luz.
En un contexto donde la crisis económica golpea con fuerza y los recursos escasean, la Justicia deberá determinar hasta dónde llegó esta red de pensiones truchas y si se trató de casos aislados o de una maniobra organizada y sistemática que utilizó el aparato del Estado para fines ilegítimos.
La sociedad salteña espera respuestas. Y sobre todo, justicia.
