La Justicia Federal de Salta sigue firme en la investigación por el posible otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad en Joaquín V. González. Son 22 las personas bajo la lupa y casi diez mil expedientes en revisión, mientras que en 17 allanamientos secuestraron alrededor de ocho millones de pesos, además de documentos y dispositivos electrónicos que ahora serán analizados.
La jueza Mariela Giménez declaró la causa como “compleja”, lo que habilita a ampliar plazos y pericias. La decisión se tomó tras el pedido del fiscal Carlos Martín Amad, a cargo de la investigación desde mayo de 2024, ante la gran cantidad de documentación y sospechosos involucrados.
El caso surgió tras detectar un mecanismo similar al que se desbarató en Taco Pozo, Chaco, en 2023, donde se comprobó un fraude en la tramitación de pensiones. En Salta, la hipótesis es que operaba un esquema parecido que beneficiaba irregularmente a personas ajenas a la discapacidad real.
Los allanamientos se llevaron a cabo en diferentes domicilios y oficinas, permitiendo el secuestro de fondos, papeles y dispositivos que serán peritados para determinar el alcance del fraude. Médicos, gestores y funcionarios podrían haber participado facilitando la concesión de pensiones a personas que no cumplían los requisitos legales.
El perjuicio económico al Estado salteño aún se está calculando, mientras el Ministerio Público Fiscal avanza para formalizar las imputaciones en los próximos meses. La jueza rechazó un pedido de acceso anticipado al expediente, aunque autorizó informar a las defensas sobre los hechos y personas involucradas.
Esta investigación pone en alerta a la comunidad de Salta, que reclama mayor transparencia en el uso de recursos públicos y la protección de los derechos sociales. Con el apoyo de las fuerzas federales, la causa continúa y será clave para fortalecer los controles y evitar que este tipo de maniobras vuelvan a afectar a quienes verdaderamente necesitan las pensiones.
