La Corte de Justicia suspendió la ordenanza que regula el juicio político en La Merced, tras hacer lugar a un pedido del intendente Javier Rafael Wayar. La decisión frena la aplicación de la norma mientras se analiza su constitucionalidad y modifica el escenario del proceso iniciado por denuncias de presunto mal desempeño contra el jefe comunal.
La resolución, firmada el 6 de octubre, no implica que la ordenanza haya sido declarada inconstitucional ni que las denuncias contra Wayar hayan sido desestimadas. El tribunal consideró que algunas disposiciones podrían contradecir las bases constitucionales del procedimiento y que aplicarlas antes de una sentencia definitiva podría afectar las garantías del funcionario.
El conflicto institucional se profundizó después de que el Concejo Deliberante admitiera, el 2 de julio, las denuncias presentadas por vecinos y un concejal. La votación terminó con cinco votos a favor y dos abstenciones, lo que permitió avanzar hacia una etapa de investigación, sin que eso significara una destitución ni que las acusaciones estuvieran probadas.
El procedimiento se apoyaba en la Ordenanza 11/2026, aprobada el 31 de marzo y publicada el 29 de mayo. La norma establecía la intervención de una Comisión Investigadora y distribuía las funciones de investigación, acusación y decisión entre los integrantes del cuerpo legislativo municipal.
Wayar cuestionó ese mecanismo ante la Justicia y solicitó que se suspendiera su aplicación. Entre sus argumentos, objetó la creación de una comisión integrada por dos concejales, a la que consideró incompatible con las normas que regulan el funcionamiento del Concejo y con las garantías constitucionales.
También planteó reparos sobre los plazos para delimitar los hechos investigados y formular una imputación, al considerar que la falta de precisiones podía perjudicar su defensa. Además, cuestionó la distribución de funciones entre la comisión encargada de investigar y los concejales que deben resolver una eventual destitución.
La Corte entendió que los planteos merecían una evaluación preliminar y advirtió posibles contradicciones con el artículo 181 de la Constitución provincial, que establece las bases del juicio político municipal. Por eso, resolvió mantener la situación anterior a la sanción de la ordenanza hasta definir la cuestión de fondo.
La crisis política también está atravesada por otros episodios. El 5 de abril, un niño de cinco años murió tras ser atropellado por una camioneta Ford Ranger perteneciente al intendente y conducida por Miguel Plaza. El hecho generó conmoción, protestas vecinales y pedidos de renuncia contra Wayar.
El jefe comunal sostuvo que el vehículo había sido utilizado sin su autorización. En la causa penal, Plaza fue imputado por homicidio culposo y, el 5 de mayo, se dispuso su prisión preventiva, una medida que no equivale a una condena.
Por otra parte, Wayar enfrenta una investigación penal diferente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. La acusación incluye transferencias de fondos municipales realizadas en 2020 y la cesión de un inmueble del predio del matadero a una asociación civil, operaciones que son objeto de cuestionamientos judiciales.
Con la cautelar vigente, el Concejo Deliberante no puede aplicar la Ordenanza 11/2026. Sin embargo, las denuncias por presunto mal desempeño siguen siendo una cuestión distinta de los expedientes penales. La definición dependerá ahora de la sentencia de la Corte sobre la validez constitucional de la norma, un fallo que determinará cómo podrá continuar el procedimiento institucional contra el intendente.
