Julieta Silva, conocida en todo el país desde 2017 por el caso que conmocionó a San Rafael —cuando atropelló y mató con su auto al joven rugbier Genaro Fortunato— vuelve a estar en el centro de una trama judicial cargada de denuncias, violencia doméstica y viejas heridas sin cerrar.
Esta vez, la protagonista no es solo su historia pasada, sino su presente: fue imputada por al menos diez hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, tras una denuncia presentada por su actual esposo, Lucas Giménez.
Según el testimonio de Giménez ante la Fiscalía de San Rafael, Silva lo habría encerrado en varias ocasiones en la casa que compartían, llegando a mantenerlo privado de su libertad durante horas o incluso durante toda la noche.
La situación comenzó a tomar estado público el pasado 12 de julio, cuando Giménez denunció haber recibido un golpe en el rostro durante una discusión con Silva. A raíz de esto, se inició una investigación por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia judicial, ya que la mujer había incumplido una orden de restricción.
A estos primeros cargos se sumaron luego los testimonios que dieron pie a la grave acusación por privación ilegítima de la libertad. En total, Silva enfrenta una cascada de denuncias que reavivan los cuestionamientos sobre su comportamiento y el tratamiento judicial de su caso.
“Mi nombre pesa”, dijo Silva
En medio del escándalo, Julieta Silva dio su versión en una entrevista televisiva, en la que minimizó el conflicto: “No pasó más que una discusión, pero mi nombre pesa. Solo eso voy a decir.”
Lo que no explicó fueron los rasguños, hematomas e hinchazones que presentaba su esposo, lesiones que fueron debidamente registradas en la investigación judicial.
Tampoco habló de una denuncia que ella misma había presentado contra Giménez en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, un dato que suma complejidad al caso y muestra que ambos miembros de la pareja se acusaron mutuamente.
Pero las denuncias no terminan allí. En diciembre, la expareja de Giménez también acusó a Silva ante la Justicia. Según su relato, Silva la amenazó gravemente a ella y a su hija menor de edad con una frase alarmante: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle.”
La Justicia tomó en serio esta declaración, ya que —según la Fiscalía— Silva violó una orden de restricción y volvió a contactarse con Giménez y la niña el 16 de julio, lo que constituye un delito de desobediencia judicial.
Tras esta sucesión de denuncias, Silva fue trasladada a una penitenciaría de San Rafael, pero al poco tiempo, el juez Claudio Daniel Gil le concedió nuevamente el beneficio del arresto domiciliario, mientras se avanza en la investigación.
La decisión volvió a generar controversia, especialmente entre quienes cuestionan el trato judicial hacia Silva, teniendo en cuenta sus antecedentes penales y la gravedad de las nuevas acusaciones.
Julieta Silva fue condenada en 2018 por el homicidio culposo de su entonces pareja, Genaro Fortunato. El hecho ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando, tras una discusión en la puerta de un boliche en San Rafael, Silva lo atropelló con su auto y lo mató.
Aunque la fiscalía y la querella sostuvieron que se trató de un acto intencional, la Justicia determinó que no hubo intención de matar, por lo que la carátula fue la de homicidio culposo, una figura legal que no implica premeditación.
Por ser madre de dos menores, se le otorgó prisión domiciliaria, un fallo que fue ampliamente criticado en la sociedad mendocina.
Tras cumplir su condena, Silva intentó rehacer su vida: se casó con Lucas Giménez y formaron una familia. Pero hoy, esa nueva etapa está teñida por acusaciones graves que podrían derivar en una nueva condena.
El caso genera nuevas preguntas sobre el accionar judicial, la violencia en las relaciones y la reincidencia de conductas que podrían haberse prevenido.
La historia de Julieta Silva vuelve a poner sobre la mesa la delgada línea entre la violencia de género y los vínculos tóxicos, donde ambas partes se acusan, pero el trasfondo parece aún más profundo.
Los hechos están en manos de la Justicia, pero la opinión pública ya empezó a expresar sus dudas: ¿Estamos frente a una persona con antecedentes peligrosos que fue liberada demasiado pronto? ¿O es una víctima más de un sistema que no logra proteger a tiempo?
