Un fallo judicial en Catamarca volvió a poner en el centro del debate nacional el ajuste que viene implementando el Gobierno sobre las pensiones no contributivas por invalidez. Esta vez, el juez federal N.º 2 de esa provincia, Guillermo Díaz Martínez, resolvió hacer lugar a una medida cautelar que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restablecer en forma inmediata los haberes suspendidos a personas con discapacidad, abriendo una puerta de esperanza para miles de familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. En Salta, donde el conflicto también se judicializó, crece la expectativa por una resolución favorable.
La decisión judicial se conoció el último viernes y representa un fuerte revés para la administración nacional, que había recortado estas pensiones en distintas jurisdicciones bajo el argumento de supuestas irregularidades detectadas tras auditorías internas. La medida fue impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), con el respaldo de varios beneficiarios que sufrieron directamente la suspensión del cobro. El juez dispuso que Andis restituya los pagos en un plazo de 24 horas, además de abstenerse de continuar con auditorías o suspensiones bajo la misma normativa cuestionada.
En Salta, donde cientos de personas con discapacidad también denunciaron la interrupción de sus pensiones, la situación se encuentra en manos de la Justicia. El gobernador Gustavo Sáenz ya presentó un recurso similar y la presión social viene en aumento, sobre todo en los sectores populares, donde estos ingresos son el único sustento de muchas familias.
La controversia por la quita de pensiones no es nueva, pero cobró una intensidad inédita en los últimos meses. En julio, beneficiarios en todo el país comenzaron a reportar la desaparición de los fondos de sus cuentas bancarias, sin aviso previo ni posibilidad de reclamo directo. En muchos casos, recién pudieron confirmar la suspensión al presentarse en las entidades bancarias. La respuesta oficial fue difusa, apelando a un supuesto reordenamiento administrativo.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho: personas con movilidad reducida, enfermedades crónicas, discapacidades severas y situaciones de extrema pobreza quedaron sin cobertura ni ingresos, generando una ola de reclamos en varias provincias, entre ellas Salta, Misiones, La Rioja y Catamarca. En algunas de estas jurisdicciones, el conflicto escaló al plano judicial, como única vía para frenar lo que muchos consideran una vulneración directa de derechos fundamentales.
El fallo de Catamarca pone en evidencia la inconsistencia del accionar del Gobierno nacional, ya que la Justicia reconoció que las suspensiones se realizaron de forma arbitraria, sin el debido proceso ni la evaluación caso por caso. En su dictamen, el juez Díaz Martínez subrayó que se trata de derechos individuales, sí, pero afectados de manera colectiva por una política pública regresiva, por lo que correspondía el dictado de una medida cautelar urgente.
En Salta, el panorama es muy similar. Aunque aún no hay una resolución definitiva, los amparos presentados apuntan al mismo tipo de irregularidades: auditorías masivas, sin contacto con los beneficiarios, que resultaron en quitas automáticas. Según pudo saberse, en el norte del país los más afectados fueron adultos mayores y personas que viven en zonas rurales, donde el acceso a asesoramiento jurídico o recursos digitales es prácticamente nulo.
Para muchas familias salteñas, esta pensión representa la única posibilidad de subsistencia. No se trata de montos altos: en promedio, una pensión no contributiva por discapacidad ronda los $80.000 mensuales, una cifra que apenas alcanza para cubrir lo básico. Pero en contextos donde hay altos niveles de desempleo y precarización, su suspensión implica un golpe devastador.
La incertidumbre genera angustia y enojo entre los afectados. En barrios de Salta capital, como Villa Lavalle, Solidaridad o Limache, vecinos organizados vienen realizando asambleas y marchas para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas. Las redes sociales también se convirtieron en un canal de denuncia, donde abundan los testimonios de personas que quedaron a la deriva tras años de haber tramitado legalmente su pensión.
El avance judicial en Catamarca es tomado como un precedente clave por los equipos legales que asesoran a organizaciones sociales en Salta. La expectativa está puesta ahora en que el Juzgado Federal local adopte una línea similar y ordene la restitución inmediata de los beneficios a quienes fueron perjudicados. La situación también está siendo seguida de cerca por profesionales del derecho y de la salud, quienes advierten sobre las consecuencias irreversibles que puede tener la pérdida de una pensión en personas con discapacidad.
Mientras tanto, en las calles y en las casas, la vida sigue siendo cuesta arriba para quienes no cuentan con recursos ni con un Estado presente. La espera por la decisión judicial se convierte, en muchos casos, en una cuenta regresiva desesperante, en la que se mezclan la incertidumbre económica con la preocupación por el deterioro de la salud.
La discusión en torno a las pensiones por invalidez trasciende lo administrativo y toca fibras profundas de la sociedad salteña. En una provincia donde históricamente las desigualdades sociales se sienten con más fuerza, la defensa de estos derechos se vuelve un asunto de dignidad. Lo que está en juego no es solamente una transferencia de fondos, sino la posibilidad de sostener una vida con un mínimo de autonomía, seguridad y respeto.
Con este nuevo fallo favorable en Catamarca, y la presión creciente en Salta, el Gobierno nacional se encuentra ante un escenario complejo, donde las decisiones judiciales podrían marcar un freno a las políticas de recorte más duras. La mirada ahora está puesta en los próximos días, cuando se espera que la Justicia salteña se pronuncie y defina el rumbo para cientos de familias que hoy viven con el corazón en la mano, esperando que se les devuelva lo que, por derecho, les corresponde.
