La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por injuria racial en Brasil, sumó en las últimas horas una nueva instancia de control. Por orden de la Justicia de Río de Janeiro, la joven se presentó de manera voluntaria en el Centro de Monitoreo local, donde se le colocó una tobillera electrónica como parte de las medidas dispuestas en el marco de la causa.
La decisión apunta a garantizar su permanencia en territorio brasileño mientras se completa la investigación por el hecho ocurrido el pasado 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad. El caso tomó rápida notoriedad luego de que se difundieran videos en redes sociales que registran el momento del conflicto.
Según la denuncia, el episodio se desató tras una discusión vinculada al pago de la cuenta. En ese contexto, Páez habría realizado gestos discriminatorios dirigidos al personal del local, simulando actitudes asociadas a estereotipos racistas. La conducta motivó la intervención policial y su posterior detención bajo la figura de injuria racial, un delito que en Brasil tiene un tratamiento penal más severo tras las reformas legales implementadas en los últimos años.
La imputación encuadra en una política judicial que busca desalentar expresiones de racismo en espacios públicos, especialmente en zonas de alta circulación turística. En ese marco, la Justicia resolvió avanzar con medidas restrictivas mientras analiza las pruebas recolectadas, entre ellas registros fílmicos, declaraciones del denunciante y testimonios de testigos.
En paralelo al avance del expediente, la abogada denunció atravesar un clima de fuerte hostilidad desde que el caso se hizo público. Aseguró haber recibido amenazas de muerte y relató un episodio que calificó como alarmante: dos hombres que se habrían presentado como policías ingresaron al departamento donde se alojaba, lo que la llevó a mudarse por razones de seguridad. Esa situación fue denunciada formalmente y se encuentra bajo análisis de las autoridades.
La defensa de Páez sostiene una versión distinta de los hechos. Según su abogado, la reacción que se le imputa habría sido una respuesta a provocaciones previas por parte de los empleados del bar, quienes —según esa postura— se habrían burlado de ella y del grupo que la acompañaba mediante gestos obscenos. Desde ese planteo, buscan desacreditar la intencionalidad discriminatoria atribuida a la acusada.
En ese sentido, el equipo legal anunció la presentación de un recurso de habeas corpus con el objetivo de que la joven pueda regresar a la Argentina. Argumentan que la imputada se encuentra en una situación de “semi-detención”, con restricciones que afectan su libertad de movimiento y en un contexto que consideran inseguro, sin que exista aún una condena firme.
Por su parte, el expediente judicial avanza hacia una etapa definitoria. La causa está a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, quien ordenó la incorporación de nuevas declaraciones antes de dar por cerrada la instrucción. Una vez completado ese proceso, el caso será remitido al Ministerio Público, que deberá resolver si impulsa la elevación a juicio oral.
Mientras tanto, la colocación de la tobillera electrónica refuerza el control sobre la imputada y marca un punto clave en la investigación. El desenlace del caso dependerá de la valoración de las pruebas y de la calificación final que adopte la Justicia brasileña, en un proceso que sigue generando repercusiones tanto en Brasil como en la Argentina.
