La crisis económica continúa impactando en distintos sectores de la sociedad salteña y la educación privada no es la excepción. En los últimos meses, los colegios de gestión privada de la provincia comenzaron a registrar un incremento sostenido en la mora en el pago de las cuotas, una situación que genera inquietud tanto en las instituciones como en las familias que hacen un esfuerzo para mantener a sus hijos dentro del sistema educativo elegido.
De acuerdo con estimaciones realizadas por entidades que representan a establecimientos privados de Salta, entre el 30% y el 40% de las familias presentan algún grado de atraso en el pago de las cuotas escolares. El fenómeno alcanza tanto a colegios católicos como a instituciones laicas, aunque cada sector enfrenta realidades diferentes en cuanto a los aportes estatales que reciben para afrontar los gastos de funcionamiento.
En paralelo, el aumento de los costos vinculados al sostenimiento de la actividad educativa se convirtió en otro factor de presión. Según los últimos indicadores oficiales, el rubro educación registró en el Noroeste argentino una variación interanual del 53,9% hasta mayo de este año, ubicándose como el incremento más alto entre los principales componentes del índice de precios en la región.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la suba alcanzó el 24%, reflejando el impacto de los ajustes salariales, el incremento de los servicios y otros gastos operativos que deben afrontar los establecimientos.
En el caso de los colegios privados laicos, la situación aparece atravesada por un delicado equilibrio entre la necesidad de actualizar los aranceles y la intención de evitar que nuevos aumentos profundicen las dificultades económicas de las familias.
Las instituciones agrupadas en la Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta aplicaron un único incremento del 25% durante marzo. Sin embargo, sostienen que ese ajuste quedó rápidamente desactualizado frente al ritmo de crecimiento de los costos.
Además, desde el sector aseguran que una parte importante de los recursos obtenidos mediante ese aumento se destinó a cubrir compromisos pendientes correspondientes al año anterior, especialmente aquellos vinculados a actualizaciones salariales retroactivas.
La morosidad también comenzó a extenderse en el tiempo. Según explicaron desde el sector, existen familias que acumulan atrasos desde marzo y que atraviesan situaciones económicas complejas, muchas veces relacionadas con la pérdida del empleo o la reducción de ingresos en el hogar.
En los colegios católicos, la problemática se presenta con características similares. Aunque las actualizaciones de cuotas fueron menores y se realizaron de manera escalonada, las autoridades educativas reconocen que cada vez más familias encuentran dificultades para cumplir con los pagos en término.
En ese contexto, numerosas instituciones implementaron mecanismos de acompañamiento destinados a evitar la deserción escolar. Becas parciales, planes de pago y esquemas especiales de asistencia forman parte de las herramientas que buscan garantizar la continuidad educativa de los estudiantes.
El objetivo, explican desde el sector, es preservar el vínculo entre las familias y las escuelas en medio de un escenario económico que afecta de manera transversal a toda la comunidad educativa.
Sin embargo, el desafío no se limita únicamente a la mora. Los establecimientos privados también advierten sobre las dificultades para sostener la estructura de funcionamiento frente a la demora y el desfasaje de los aportes estatales.
En el caso de los colegios laicos que reciben subvenciones, los responsables de las instituciones señalaron que los montos percibidos representan una proporción reducida de la masa salarial y que, además, suelen acreditarse con varios meses de retraso.
Esta situación obliga a las escuelas a recurrir a recursos propios para afrontar salarios y gastos corrientes, incrementando la presión financiera en un contexto donde las cuotas también encuentran un límite en la capacidad de pago de las familias.
Actualmente, de las 174 instituciones educativas privadas que funcionan en la provincia de Salta, 54 no cuentan con ningún tipo de aporte estatal. Las entidades que representan al sector mantienen desde hace años el reclamo por una distribución más equitativa de los subsidios destinados a la educación privada.
En este sentido, sostienen que la realidad del interior del país presenta diferencias significativas respecto de otros centros urbanos y que muchas políticas nacionales vinculadas al sector educativo no contemplan las particularidades económicas y sociales de provincias como Salta.
Mientras tanto, los directivos enfrentan una decisión compleja: trasladar los incrementos de costos a las cuotas escolares o intentar absorberlos para evitar un mayor deterioro en la capacidad de pago de las familias.
En muchos casos, optaron por postergar nuevos aumentos y concentrar los ajustes en períodos específicos del año, con la intención de reducir el impacto sobre los presupuestos familiares. No obstante, reconocen que esa estrategia también tiene límites frente a la evolución de los gastos operativos.
El panorama actual refleja una realidad compartida por gran parte del sistema educativo privado salteño. Por un lado, familias que priorizan la continuidad escolar de sus hijos pese a las dificultades económicas. Por otro, instituciones que buscan sostener la calidad educativa, cumplir con sus obligaciones salariales y mantener abiertas sus puertas en un contexto cada vez más exigente.
Con una mora que ya supera el 30% en algunos establecimientos y costos que continúan en ascenso, el desafío para el sector será encontrar mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad de las escuelas sin profundizar la carga económica sobre las familias salteñas.
