Salta acumula 199 causas de desalojo ingresadas en la Justicia en lo que va de 2026, según datos del Poder Judicial provincial relevados hasta el 24 de julio. De ese total, 160 corresponden al denominado Centro y 39 al interior. La cifra ya representa dos de cada tres causas registradas durante todo 2025, cuando se contabilizaron 297. En 2024 se registraron 275 causas.
Los 199 casos de 2026 no son 199 desalojos concretados, sino causas de desalojo ingresadas al Poder Judicial. Vale aclarar que un expediente iniciado no necesariamente termina en el desalojo efectivo del inmueble.
El dato adquiere relevancia en medio del debate por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que obtuvo media sanción en el Senado nacional y propone acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
Desde la Municipalidad de Salta, el director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, Alberto Córdoba, sostuvo que la reforma modificaría de manera importante los tiempos actuales de los juicios en la provincia. A diferencia de un referente inmobiliario, quien afirmó que Salta ya cuenta con un mecanismo de desalojo más ágil, Córdoba aseguró que el procedimiento sumarísimo que plantea el proyecto todavía no es la regla general en la Justicia salteña.
"Actualmente un juicio de desalojo se tramita en un proceso ordinario que demora entre 18 a 24 meses", afirmó Córdoba. Según explicó, con la reforma "va a pasar a tramitarse en un juicio sumarísimo, que se celebra en una sola audiencia". En ese esquema, señaló, "ese plazo de ejecución está entre los dos a los seis meses".
Para el funcionario municipal, la diferencia radica en la reducción de las etapas procesales. "Básicamente lo que reduciría es el ejercicio procesal que se hace dentro de la demanda", explicó.
Sobre si un desalojo judicial hoy demanda aproximadamente seis meses y puede extenderse hasta ocho o diez según las circunstancias del caso, Córdoba fue contundente: "No, no es tan así". Según detalló, los mecanismos más rápidos que hoy se aplican corresponden a situaciones particulares. "Se realiza más que nada en casos puntuales en los que haya alguna cautelar abierta o que haya algún peligro en el retardo de la justicia", explicó.
En esos casos, agregó, los abogados presentan las circunstancias particulares del expediente y con "el criterio de cada juzgado se realiza la audiencia correspondiente". En paralelo, existe una instancia administrativa de conciliación que funciona en la Municipalidad de Salta. Allí pueden acudir tanto propietarios como inquilinos para intentar resolver conflictos antes de que escalen a una instancia judicial.
Fuente El Tribuno
