Ante lo que denuncian como una constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la reducción sostenida del presupuesto universitario y la falta de paritarias impuesta por el gobierno nacional, los docentes de las Universidades Nacionales convocan a un Paro Nacional de 48 horas para los días 19 y 20 de mayo. En la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la medida se llevará a cabo sin asistencia a los lugares de trabajo.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) denunció en un comunicado que "la garantía salarial, el sueldo mínimo de lxs docentes, se encuentra cada vez más por debajo de la línea de pobreza, mientras que la mayoría de los cargos docentes percibe haberes que no superan la línea de indigencia". Además, acusaron al gobierno de priorizar el financiamiento de la represión, la compra de armas, el espionaje y el pago de una deuda externa ilegítima, en detrimento de sectores clave como la educación, la salud, la ciencia, la cultura, las jubilaciones y las políticas de equidad de género.
"No paramos por gusto, sino porque el paro es la herramienta de lucha de lxs trabajadorxs. Es imprescindible alzar la voz ante una realidad que desmantela a las Universidades Públicas, históricamente un orgullo nacional y un pilar para el desarrollo autónomo del país", concluye el comunicado de ADIUNSa. La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesan lxs docentes y exigir soluciones urgentes para garantizar la continuidad y calidad de la educación pública.
El impacto del paro docente en los estudiantes de la UNSa: un costo silenciado
El paro docente en la UNSa, aunque busca defender derechos laborales, golpea con crudeza a los estudiantes. La suspensión de clases interrumpe el ritmo académico, retrasa el aprendizaje y genera incertidumbre, especialmente para quienes dependen de la universidad pública para su formación. Mientras los reclamos salariales son válidos, la medida de fuerza convierte a los alumnos en rehenes de un conflicto que no eligieron, sacrificando su educación en el altar de la protesta. La UNSa, en lugar de ser un faro de conocimiento, queda atrapada en un ciclo de parálisis que frustra el futuro de sus estudiantes.
El principal perjuicio recae en la suspensión de clases, que en casos como el paro del 17 y 18 de marzo de 2025, coincidente con el inicio del ciclo lectivo, dejó a miles de estudiantes sin el arranque formal de sus cursadas. Esta interrupción, con un acatamiento promedio del 70% según ADIUNSa, no solo retrasa el cronograma académico, sino que genera incertidumbre en los alumnos, especialmente en aquellos de primer año que aún se adaptan al entorno universitario. Las clases públicas, aunque promovidas como alternativa, no reemplazan la continuidad pedagógica ni cubren los contenidos específicos de cada materia, dejando lagunas en la formación.
Además, los paros afectan de manera desproporcionada a estudiantes de sectores vulnerables, muchos de los cuales dependen de becas o servicios universitarios como comedores, que pueden verse comprometidos durante estas medidas. La prórroga del presupuesto de 2022, denunciada por los gremios, también impacta en la infraestructura y los recursos, lo que agrava las condiciones de estudio. Por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, la falta de clases presenciales regulares limita el acceso a espacios como el Gabinete de Informática, esencial para ciertas carreras.
Otro aspecto crítico es el impacto emocional y motivacional. Los estudiantes, como se vio en la UNSa de Arequipa en 2024, expresan frustración al encontrar aulas vacías o actividades académicas paralizadas. En Salta, la repetición de paros —como los de 72 horas en agosto de 2024 o los seis días en octubre del mismo año— genera desánimo y sensación de abandono, especialmente en carreras con cursadas intensivas o prácticas imprescindibles. Esto puede traducirse en mayores tasas de deserción, un problema ya preocupante en universidades públicas.
Si bien los docentes tienen derecho a reclamar mejoras laborales, la falta de estrategias alternativas que minimicen el impacto en los estudiantes plantea cuestionamientos. Las movilizaciones, como la Tercera Marcha Federal Universitaria de noviembre de 2024, lograron visibilidad, pero no siempre se traducen en soluciones inmediatas, dejando a los alumnos como los principales damnificados de un conflicto entre gremios y el gobierno. La ausencia de diálogo efectivo con el Ejecutivo, señalado por CONADU y ADIUNSa, perpetúa esta dinámica, donde los estudiantes pagan el costo de una lucha que, aunque necesaria, no los incluye como prioridad.
En conclusión, los paros docentes en la UNSa, aunque justificables por la crisis económica y el desfinanciamiento, generan un daño colateral significativo en los estudiantes: retrasos académicos, desmotivación y barreras para los más vulnerables. Es imperativo que los gremios, junto a las autoridades universitarias, exploren medidas de visibilización que no comprometan el derecho a la educación, garantizando que la defensa de la universidad pública no se haga a expensas de quienes son su razón de ser.
