Este lunes 12 de mayo, asumieron las nuevas autoridades del Rectorado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina en el cargo de Rector y María Martearena, como Vicerectora.
“Asumimos la responsabilidad y el compromiso de enfrentar los desafíos que hoy tiene la Universidad Nacional de Salta. Debo destacar que nuestra Universidad tiene un déficit del 5% en las partidas salariales, esto no es otra cosa que un desfasaje financiero de casi $950 millones en el cuatrimestre”, señaló Nina en su discurso.
En ese sentido señaló que el desfinanciamiento en el ámbito universitario “compromete el cumplimiento de las actividades de funcionamiento que tiene la Universidad, afectando las actividades académicas, administrativas, de investigación y de extensión”
“También implica una restricción a nuestro plan de acción. Frente a este desfinanciamiento, es imperativo asumir la responsabilidad y el compromiso y la motivación de trabajar y de gestionar la Universidad para obtener un equilibrio financiero, para que pueda ejercer su función dentro del marco de dignidad y de eficacia”, instó.
Los ejes de la gestión Nina-Martearena
En otro tramo del discurso, el flamante Rector marcó tres ejes en los que se basará su gestión: la transparencia, la calidad académica y la descentralización.
“La transparencia no es solamente una obligación moral de estas entidades o del funcionario público, sino que es un compromiso que tenemos con la comunidad y con la sociedad. En ese sentido, creo que la Universidad debe avanzar en las buenas prácticas de transparencia, como es la rendición de cuenta, el control interno y el acceso a la información pública”, indicó.
Respeto a la descentralización en el ámbito universitario, Nina refirió no solo a lo académico, sino también financiero. “Esto apunta a darle una mayor autonomía a las unidades académicas para que puedan desarrollar sus funciones, darle mayor libertad para que puedan operar desde lo académico”, dijo.
Finalmente, Nina señaló la importancia de realizar una revisión de los planes de estudio y la actualización de sus contenidos curriculares, como así también mejorar los índices de graduación y de retención de estudiantes.
“Venimos a proponer un modelo de gestión que esté basado en la transparencia, en el diálogo, en el consenso y fundamentalmente en la defensa de una universidad pública, no arancelada y de calidad”, cerró.
