La Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTM) quedó en el centro de una tormenta tras una fuerte denuncia interna que involucra directamente a su secretario general, Pedro Serrudo. El prosecretario de Finanzas, Juan Carlos Taritolay, lo acusó de haber utilizado fondos del gremio para otorgar préstamos personales a su nombre, al de su hijo y a otros integrantes de la conducción, sin autorización ni respaldo legal.
Según un informe presentado el 14 de octubre, entre enero de 2024 y agosto de 2025 se registraron pagos por más de $105 millones bajo conceptos como servicios, honorarios y representación, que habrían sido cobrados por tres miembros de la comisión directiva y un afiliado identificado como Víctor Ernesto Herrera. Lo más grave, según Taritolay, es que no existen actas de aprobación que justifiquen esas transferencias, lo que constituiría una falta grave al estatuto del sindicato.
Además del gasto millonario, el documento alerta sobre una situación crítica en las cuentas del gremio: un saldo negativo superior a $35 millones al cierre de agosto de este año en la cuenta del Banco Macro. Frente a este escenario, el dirigente pidió una asamblea extraordinaria para exigir la rendición de cuentas y la devolución inmediata del dinero supuestamente malversado.
Taritolay también denunció que fue apartado de sus funciones en 2023, sin acceso al sistema contable y con la creación de un “departamento contable paralelo” que, según afirma, fue clave para ocultar los movimientos irregulares.
Si bien hasta ahora no hubo respuesta oficial de la conducción, el denunciante adelantó que si no se avanza con una revisión interna, llevará el caso ante la Justicia. “No se trata de una simple interna, sino de posibles delitos cometidos con plata de los trabajadores”, aseguró en su presentación.
El malestar entre los afiliados crece y muchos delegados ya piden explicaciones públicas. La denuncia reaviva viejos cuestionamientos sobre el manejo financiero del gremio y pone en duda la legitimidad de la actual conducción.
La situación es delicada: más de $100 millones están bajo sospecha, la conducción sindical está en la mira y la posibilidad de una causa judicial se vuelve cada vez más cercana. Todo en un contexto de tensión creciente dentro de una de las organizaciones gremiales más importantes de la provincia.
