Uruguay está a punto de convertirse en uno de los pocos países del mundo en legalizar la eutanasia. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados en agosto, el proyecto de “Muerte Digna” avanza ahora en el Senado, donde todo indica que será aprobado gracias al respaldo mayoritario del Frente Amplio y el apoyo parcial de legisladores de otros bloques.
La iniciativa permite que personas mayores de edad, con enfermedades incurables, crónicas o terminales que provoquen sufrimientos intolerables, puedan solicitar asistencia médica para morir. El proceso será estrictamente regulado, con intervención de al menos dos profesionales y múltiples etapas que buscan garantizar que la decisión sea libre, informada y definitiva.
El impacto de este posible cambio legal trasciende fronteras. Argentina observa con atención lo que ocurre en el país vecino, donde la discusión ha logrado superar barreras partidarias y sociales. En Salta, como en otras provincias, el debate aún es incipiente, aunque ya comienzan a escucharse voces que piden abrir una discusión seria sobre el derecho a una muerte digna.
En Uruguay, la historia de Beatriz Gelós, una docente de 71 años con ELA, conmovió al Parlamento y a la opinión pública. Su pedido fue claro: dejar de sufrir. Su testimonio fue clave para acelerar el tratamiento legislativo. La ley podría convertirse en un nuevo ejemplo de avanzada en derechos individuales, tal como ocurrió con el aborto, el cannabis y el matrimonio igualitario.
Si se aprueba, Uruguay será el primer país del Cono Sur en legalizar la eutanasia, y se sumará a Colombia, Canadá, España, Países Bajos y Nueva Zelanda. En Argentina, si bien existen leyes que garantizan derechos del paciente y cuidados paliativos, la eutanasia aún no forma parte del marco legal.
El avance uruguayo reaviva una discusión postergada en nuestro país: ¿tenemos derecho a decidir cómo y cuándo morir? ¿Debe el Estado acompañar esa decisión en casos extremos? Las respuestas todavía están lejos, pero el debate ya comenzó a cruzar el río.
