El Senado de Salta aprobó esta semana la prórroga hasta 2026 de la ley que suspende los desalojos de pequeños productores rurales, una norma clave para cientos de familias que viven y trabajan en tierras sin tener títulos de propiedad. La medida, vigente desde 2010, busca proteger a comunidades campesinas de diferentes puntos de la provincia, especialmente en los departamentos de Rivadavia, San Martín, Anta y zonas rurales del norte y este salteño.
Con esta nueva extensión, que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, el Estado intenta evitar que se aceleren procesos judiciales que podrían dejar sin hogar ni sustento a familias que llevan generaciones habitando esas tierras. Muchas de ellas viven del autoconsumo o de una producción mínima y no cuentan con los recursos ni la seguridad jurídica para enfrentar un juicio de desalojo.
La ley original surgió como respuesta a la creciente presión sobre la tierra en Salta. A medida que algunas zonas del interior comenzaron a cotizar más alto por su potencial agrícola o ganadero, aparecieron nuevos propietarios con escrituras que buscaban tomar posesión. En varios casos, al llegar al terreno, encontraron familias asentadas desde hace décadas, lo que derivó en una serie de conflictos que aún persisten.
Durante el tratamiento en el Senado, se remarcó que muchas de estas familias no tienen acceso a créditos ni programas estatales justamente por no contar con escrituras. Además, se hizo hincapié en el fuerte vínculo cultural con el territorio: en muchos casos, los productores tienen a sus ancestros enterrados en esas tierras, lo que refuerza su sentido de pertenencia.
La prórroga no solo busca frenar desalojos, sino también dar tiempo para avanzar en la regularización dominial. Si bien existe una Unidad Ejecutora dedicada a esa tarea, la desconfianza, la falta de recursos y la distancia con los organismos estatales han dificultado el avance de muchos casos.
La iniciativa deberá ser tratada próximamente por la Cámara de Diputados. De ser aprobada, extenderá hasta el 2026 la protección a pequeños productores salteños, garantizando un resguardo mínimo frente a un problema estructural que sigue sin una solución definitiva.
Mientras tanto, en el interior rural de la provincia, la noticia representa un nuevo respiro. Porque para muchas de estas familias, la tierra no es solo trabajo: es historia, identidad y hogar.
