En medio de una seguidilla de siniestros viales que volvieron a encender las alarmas en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz lanzó una medida contundente: los conductores que provoquen accidentes bajo los efectos del alcohol deberán hacerse cargo de los costos de su atención médica. La decisión apunta a reducir la siniestralidad y, al mismo tiempo, aliviar el fuerte impacto económico que estos casos generan en el sistema de salud pública.
El planteo tomó mayor relevancia tras dos hechos graves registrados recientemente en el acceso a la ciudad y en Circunvalación Oeste, donde hubo heridos y despliegues de emergencia. En ese contexto, desde el Ejecutivo provincial remarcaron la necesidad de reforzar la responsabilidad individual al volante y avanzar con medidas concretas frente a conductas consideradas evitables.
Quien aportó cifras contundentes sobre el costo de estas situaciones fue el médico Juan José Esteban, que detalló el impacto económico que representa atender a pacientes involucrados en siniestros viales asociados al consumo de alcohol. Según explicó, una sola internación puede implicar gastos millonarios que terminan siendo absorbidos por el sistema público.
Entre los datos más relevantes, señaló que una cama en terapia intensiva puede superar los 800 mil pesos por día, dependiendo de la complejidad del caso. A esto se suman intervenciones quirúrgicas, medicamentos de alto costo, estudios complementarios y el uso de insumos específicos.
Uno de los puntos más críticos son las prótesis, que en muchos casos resultan indispensables tras lesiones graves. De acuerdo a lo informado, estos dispositivos pueden tener valores que van desde 1,5 millones hasta los 4 millones de pesos, lo que eleva significativamente el costo total de la atención.
“Son cifras muy importantes y representan un gasto que termina impactando en toda la comunidad”, advirtió el profesional, al remarcar que estos recursos podrían destinarse a otras necesidades sanitarias si se redujeran este tipo de episodios.
El sistema de emergencias en Salta se activa de manera inmediata ante un siniestro vial. El protocolo comienza en el lugar del hecho, donde interviene el SAMEC, encargado de brindar la primera asistencia y realizar el traslado de los heridos. En situaciones más complejas, también participa el cuerpo de Bomberos, especialmente cuando hay personas atrapadas dentro de los vehículos.
Una vez que el paciente ingresa al hospital, se despliega un operativo que puede involucrar a múltiples especialidades médicas, desde traumatología hasta terapia intensiva. En casos graves, las internaciones suelen prolongarse durante días o incluso semanas, lo que incrementa exponencialmente los costos.
La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial busca generar un cambio de conducta en la sociedad, poniendo el foco en la responsabilidad de quienes deciden conducir tras consumir alcohol. La medida también se enmarca en una política más amplia de prevención y concientización sobre seguridad vial.
En Salta, los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de ingreso a los hospitales públicos, y un porcentaje significativo está vinculado al consumo de alcohol. Por eso, desde distintos sectores vienen reclamando acciones más firmes para reducir estos índices.
La posibilidad de que los conductores alcoholizados deban afrontar los costos de su atención médica aparece como un mensaje claro: las consecuencias de estas conductas no solo son físicas, sino también económicas. La medida busca, en definitiva, desalentar prácticas irresponsables que ponen en riesgo tanto a quienes conducen como a terceros.
En paralelo, se espera que en los próximos días se definan los mecanismos concretos para la implementación de esta política, incluyendo cómo se determinarán los casos alcanzados y de qué manera se gestionará el cobro de los gastos.
Mientras tanto, el debate ya está instalado en la sociedad salteña. Entre quienes respaldan la medida como una forma de generar conciencia y quienes plantean interrogantes sobre su aplicación, lo cierto es que el tema puso nuevamente en agenda la problemática de los siniestros viales y sus consecuencias.
Con cifras que evidencian el alto costo de la imprudencia, el mensaje oficial apunta a reforzar una idea clave: evitar manejar bajo los efectos del alcohol no solo salva vidas, sino que también evita un impacto económico que termina afectando a toda la comunidad.
