En una decisión considerada histórica, el Senado de Salta aprobó un proyecto de ley que apunta a prevenir, visibilizar y erradicar los abusos sexuales que sufren mujeres y niñas indígenas en distintas comunidades de la provincia. La iniciativa ahora será revisada por la Cámara de Diputados.
El proyecto —identificado como Expte. N° 90-32.618/24— propone la creación de un registro de casos, la elaboración de un mapa de agresiones sexuales y acciones concretas de prevención con enfoque intercultural y territorial. También plantea campañas de sensibilización, contenidos educativos y la formación de agentes estatales para abordar estas situaciones con perspectiva de género y respeto por las culturas originarias.
La violencia sexual en comunidades indígenas es una problemática profunda y muchas veces invisibilizada. Por cuestiones culturales, geográficas y sociales, los casos rara vez se denuncian o llegan a instancias judiciales. En ese contexto, esta ley busca ser una herramienta concreta para que el Estado tome un rol activo, no sólo en la asistencia, sino también en la prevención y la justicia.
El proyecto fue impulsado por legisladores del norte salteño, donde estas situaciones son más frecuentes y, al mismo tiempo, menos atendidas. Desde hace años, organizaciones indígenas y sociales vienen reclamando medidas específicas para proteger a las víctimas, muchas de las cuales no acceden a ayuda por barreras idiomáticas, miedo o falta de recursos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es garantizar la participación directa de las comunidades en la construcción de políticas públicas, evitando soluciones impuestas desde estructuras que no conocen el territorio. Se busca que las decisiones se tomen de manera articulada con las realidades locales y con el protagonismo de las propias mujeres indígenas.
Aunque todavía falta la aprobación en Diputados, el avance de esta norma representa un paso fundamental para reconocer una deuda histórica con los pueblos originarios y sus derechos. Salta, con su diversidad cultural y sus desigualdades estructurales, tiene ahora la oportunidad de dar una respuesta concreta a una de las formas más extremas de violencia de género que persisten en silencio.
