El Gobierno nacional inició una nueva ofensiva judicial para impedir que la justicia de Estados Unidos reconozca y ejecute un fallo emitido en el Reino Unido que obliga a la Argentina a pagar alrededor de US$1800 millones, entre capital e intereses, por el litigio vinculado al Cupón PBI. La estrategia apunta a frenar el avance de los fondos que buscan cobrar la deuda en territorio norteamericano y eventualmente embargar activos del país.
La condena fue dictada por tribunales londinenses y corresponde a la versión en euros de estos instrumentos financieros atados al crecimiento económico. La sentencia ya quedó firme y no puede ser apelada por la Argentina, lo que limita el margen de maniobra legal. Frente a ese escenario, los demandantes intentan ahora que el fallo sea reconocido por cortes estadounidenses, un paso clave para avanzar en su ejecución.
Ante esta situación, la Argentina presentó un pedido formal ante una corte del distrito de Columbia para rechazar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos. Desde la defensa oficial sostienen que el país mantiene inmunidad soberana y que la legislación norteamericana impone límites claros a este tipo de reclamos contra Estados extranjeros.
El conflicto tiene su origen en la manipulación de estadísticas oficiales durante los años finales del kirchnerismo. Según determinó la justicia británica, el Estado argentino alteró los datos de crecimiento económico publicados por el Indec con el objetivo de evitar el pago de los intereses correspondientes al Cupón PBI en 2013.
Estos cupones fueron emitidos durante los canjes de deuda de 2005 y 2010 como un incentivo adicional para los acreedores. La promesa era clara: si la economía argentina crecía por encima de ciertos umbrales, el país debía realizar pagos extra. En el caso de 2013, el nivel que activaba el desembolso era de 3,3% de crecimiento anual.
Sin embargo, ese año el Indec dejó de difundir el dato del último trimestre y luego modificó la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno. El cambio incluyó la actualización del año base, que pasó de 1993 a uno más reciente, y alteró las series históricas. Con esa nueva medición, el crecimiento informado fue de 3,2%, apenas una décima por debajo del nivel que gatillaba el pago.
Para los tenedores de los cupones, esa decisión no fue casual sino deliberada. La justicia londinense coincidió con esa interpretación y falló a favor de los demandantes, al considerar probado que hubo manipulación de las estadísticas oficiales para eludir el cumplimiento de las obligaciones.
El principal fondo involucrado en la causa es Palladian Partners, que junto a otros inversores impulsa el reconocimiento del fallo en Estados Unidos. Si lo logra, el camino quedaría despejado para avanzar sobre activos argentinos en esa jurisdicción, una posibilidad que enciende alarmas en el frente financiero y diplomático.
Desde la Procuración del Tesoro, organismo a cargo de la defensa del Estado, remarcan que la Argentina continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia. La postura oficial se apoya en argumentos vinculados a la inmunidad soberana y a las restricciones que impone el derecho estadounidense para ejecutar fallos extranjeros contra otros países.
Mientras tanto, el caso también aparece mencionado en informes técnicos del Fondo Monetario Internacional. En uno de sus últimos reportes, el staff del organismo señaló la necesidad de avanzar en esfuerzos de buena fe para alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de pago de la sentencia dictada en Londres, cuyo monto original ronda los 1600 millones de euros.
No obstante, los beneficiarios del fallo salieron a desmentir que existan negociaciones en curso con la Argentina. A través de una comunicación pública, aseguraron que no hay conversaciones abiertas ni un plan de pago acordado, y buscaron aclarar que el litigio sigue plenamente vigente.
El trasfondo del conflicto vuelve a poner en primer plano el costo de las decisiones tomadas en materia estadística y financiera durante la última década. La manipulación de datos del Indec no solo deterioró la credibilidad del país, sino que dejó una herencia de juicios internacionales que todavía impactan sobre las cuentas públicas.
En un contexto de restricciones fiscales y negociaciones permanentes con organismos internacionales, el avance de este reclamo representa un riesgo adicional para la Argentina. La resolución del caso, ya sea por vía judicial o mediante un eventual acuerdo, aparece como una de las asignaturas pendientes en el complejo escenario de la deuda y los litigios externos.
