La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita al país con “muy buenos avances” en el marco de la segunda revisión del programa vigente. El equipo encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi mantuvo reuniones con las principales autoridades económicas y dejó abierta la instancia final de conversaciones, paso previo a una definición que resulta clave para las cuentas públicas argentinas.
El dato central es que el Gobierno aguarda la aprobación formal de esta revisión para destrabar un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Ese giro, que se encuentra demorado desde hace dos meses, sería utilizado para afrontar próximos vencimientos de deuda y sostener el esquema financiero acordado en abril de 2024, cuando se firmó el refinanciamiento por 20.000 millones de dólares.
Durante la estadía en Buenos Aires, la delegación técnica evaluó la marcha del plan económico y la evolución de las metas comprometidas. El foco estuvo puesto en dos variables determinantes para el organismo: el resultado fiscal y la acumulación de reservas internacionales.
En materia fiscal, los números oficiales muestran que el año pasado cerró con un superávit financiero cercano al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario en torno al 1,4% del PBI. Este último indicador es el que el FMI toma como referencia principal para medir el cumplimiento de la meta, que había sido fijada en 1,3%. Desde el equipo económico incluso habían deslizado la posibilidad de alcanzar el 1,6%, una señal que buscó reforzar la idea de disciplina fiscal.
El cumplimiento de la meta de superávit primario aparece como uno de los puntos fuertes que exhibe la administración nacional frente al organismo internacional. En un contexto de fuerte ajuste del gasto público, reducción de transferencias y recorte de subsidios, el resultado fiscal se convirtió en la principal carta de negociación ante el Fondo.
Distinta es la situación en materia de reservas. Según estimaciones privadas, la acumulación de divisas durante 2025 quedó muy por debajo del objetivo pactado, con un desvío que superaría los 11.000 millones de dólares. Este incumplimiento obligaría al Gobierno a solicitar un “waiver”, es decir, un perdón formal por no haber alcanzado la meta comprometida.
El tema cambiario fue uno de los ejes centrales de discusión. En los últimos meses, el FMI insistió en la necesidad de introducir ajustes en el esquema monetario y cambiario para fortalecer la capacidad de acumulación de reservas. En ese marco, el Banco Central puso en marcha nuevas estrategias para intervenir en el mercado y reforzar sus tenencias. Solo en enero logró comprar más de 2.000 millones de dólares, una cifra que el oficialismo exhibe como señal de recuperación en la oferta de divisas.
El desempeño de las reservas no es un dato menor. La acumulación de dólares es clave para sostener la estabilidad cambiaria, contener expectativas de devaluación y mejorar la percepción de solvencia externa. Además, impacta directamente en el riesgo país, un indicador que condiciona el acceso al crédito y el costo de financiamiento para la Argentina.
En paralelo a la misión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un intercambio con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos. Ese contacto, aunque breve, fue interpretado en los mercados como una señal de respaldo político al rumbo económico. Tras ese encuentro, el riesgo país mostró una marcada baja y se consolidó cierta expectativa positiva respecto de la revisión en curso.
El calendario de vencimientos con el organismo explica la urgencia oficial por cerrar esta instancia sin sobresaltos. En febrero ya se abonaron 839 millones de dólares en concepto de intereses. A fines de abril se suman nuevos compromisos, seguidos por pagos programados para mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Cada uno de esos hitos requiere una administración fina de las reservas y del flujo de fondos.
La aprobación de la segunda revisión no solo habilitaría el desembolso pendiente, sino que también enviaría una señal política y financiera hacia los mercados internacionales. Para el Gobierno, consolidar el acuerdo con el FMI es un paso indispensable para sostener el programa económico, evitar tensiones cambiarias y alejar el fantasma de un nuevo default.
En este escenario, la estrategia oficial combina ajuste fiscal, búsqueda de mayor ingreso de divisas y negociaciones permanentes con el organismo. La meta es clara: mostrar consistencia en las cuentas públicas mientras se gana tiempo para que la recuperación económica —todavía incipiente— permita mejorar la recaudación y fortalecer el frente externo.
La segunda revisión del acuerdo con el FMI se convierte así en un punto de inflexión para la economía argentina. Si el directorio del organismo valida los avances técnicos y concede el visto bueno definitivo, el Gobierno sumará oxígeno financiero en un año marcado por fuertes compromisos de deuda y un delicado equilibrio macroeconómico.
Con el cierre de la misión técnica y el balance preliminar favorable, la atención ahora se traslada a la decisión formal del Fondo. De esa definición dependerá no solo el ingreso de nuevos dólares, sino también la estabilidad financiera en los próximos meses, en un contexto donde cada movimiento en el frente fiscal y cambiario tiene impacto directo en la vida cotidiana y en las expectativas económicas del país.
