Claudio Contardi volvió a la carga en la Justicia con un nuevo intento por revertir la condena a 19 años de prisión que recibió por violar a Julieta Prandi durante el matrimonio. Esta vez, el planteo fue expuesto ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde su defensa solicitó la nulidad del juicio y cuestionó distintos aspectos del proceso que terminó con la sentencia en su contra.
La audiencia se centró en los argumentos presentados por Fernando Sicilia, actual abogado del empresario, quien ya había formalizado el pedido meses atrás a través de un extenso escrito. Durante su exposición, el letrado sostuvo que existieron irregularidades que, a su criterio, afectan la validez del debate oral y de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana.
El pedido de nulidad no es el único frente que mantiene abierta la defensa. En paralelo, Contardi busca acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, una solicitud que ya había sido rechazada anteriormente. La intención es que el condenado pueda cumplir la pena fuera de la unidad penitenciaria donde se encuentra alojado, bajo el argumento de cuestiones familiares y personales. Sin embargo, ninguna de estas definiciones será inmediata: la resolución de Casación podría demorar varios meses.
En el entorno del empresario hay expectativas respecto de la posibilidad de obtener el arresto domiciliario, aunque reconocen que la anulación total del juicio aparece como un escenario más complejo. De prosperar este último planteo, el proceso podría retrotraerse a una etapa inicial, algo que implicaría volver a discutir pruebas y responsabilidades.
Los ejes centrales del recurso presentado por la defensa se apoyan en cinco puntos: el juicio por jurados, la supuesta imposibilidad de ejercer una defensa eficaz, la indeterminación temporal de los hechos, cuestionamientos a las pericias realizadas y objeciones a la calificación legal aplicada en la sentencia.
Uno de los planteos principales gira en torno al juicio por jurados. Según el abogado, su defendido no habría participado de una audiencia formal en la que debía renunciar a esa modalidad de juzgamiento. Sostiene que no existió una explicación clara del sistema ni una manifestación expresa de desistimiento, lo que —según su interpretación— invalidaría el procedimiento posterior. Para la defensa, la ausencia de ese paso vulnera garantías básicas y arrastra la nulidad de todo lo actuado.
El letrado también cuestionó los tiempos otorgados para organizar la estrategia defensiva tras la renuncia del primer abogado que tuvo el imputado. Asegura que no se concedió el plazo suficiente para preparar adecuadamente el caso antes del inicio del debate oral. Desde esta óptica, la premura habría afectado el derecho a una defensa técnica eficaz, uno de los pilares del debido proceso en el sistema penal argentino.
Otro de los puntos sensibles es la delimitación de los hechos por los que fue condenado. La sentencia contempló un período amplio —entre 2015 y 2018— en el que habrían ocurrido los abusos. Para la defensa, esa extensión temporal impacta en el análisis jurídico y podría incidir incluso en eventuales beneficios como la libertad condicional, debido a cambios legislativos que endurecieron las condiciones para personas condenadas por delitos sexuales.
En el mismo escrito, se formulan críticas hacia las pericias psicológicas y médicas incorporadas durante el juicio. El abogado sostiene que no hubo intervención de peritos de parte y que algunos estudios se realizaron bajo modalidades que considera objetables. A su vez, cuestiona la valoración del daño en la salud de la denunciante y la aplicación de agravantes en la condena.
También se incluyeron referencias a antecedentes judiciales que, según la estrategia defensiva, presentarían similitudes procesales y podrían servir como parámetro para revisar el fallo. En ese sentido, el objetivo es demostrar supuestas inconsistencias o criterios que deberían aplicarse de igual manera en este caso.
Mientras tanto, Contardi permanece detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana. La expectativa ahora está puesta en la decisión que adopte el Tribunal de Casación Penal, órgano encargado de revisar si existieron errores de derecho o vicios procesales que justifiquen modificar o anular la sentencia.
El caso tuvo alto impacto público desde la denuncia de Julieta Prandi y el posterior juicio oral que culminó con la condena por abuso sexual con acceso carnal. La modelo relató episodios de violencia y sometimiento ocurridos durante la convivencia matrimonial, y el tribunal consideró acreditados los hechos en base a testimonios y pericias incorporadas al expediente.
En esta nueva instancia, los jueces de Casación no volverán a juzgar los hechos en sí, sino que evaluarán si el proceso respetó las garantías constitucionales y las normas procesales vigentes. La revisión técnica puede confirmar la condena, modificarla o, en un escenario menos probable, anular el juicio.
En términos judiciales, la nulidad es una herramienta excepcional que requiere demostrar un perjuicio concreto y la vulneración de derechos fundamentales. Por eso, la decisión que se adopte será clave no solo para el futuro procesal de Contardi, sino también como antecedente en materia de revisión de condenas por delitos contra la integridad sexual.
Por ahora, no hay plazos precisos para conocer la resolución. La causa continúa su curso en el ámbito de la Casación bonaerense, donde se definirá si la condena a 19 años queda firme o si se abre una nueva etapa en uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en la Argentina.
