En una resolución que trajo alivio a las arcas nacionales, la Justicia de Estados Unidos falló a favor de Argentina en la causa del Cupón PBI, una disputa legal que ponía en juego el pago de alrededor de 500 millones de dólares. El conflicto giraba en torno a una demanda presentada por fondos de inversión que exigían ese monto con el argumento de que el país debía haber abonado un pago adicional vinculado al desempeño de su economía en 2013.
La decisión fue emitida por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, que rechazó el pedido de revisión de los demandantes, confirmando así un fallo anterior de 2024. De esta manera, se dio por cerrada una de las causas más resonantes en materia de deuda externa de la última década.
El conflicto tenía raíces en el polémico instrumento financiero conocido como "Cupón PBI", creado tras el default del 2001. Se trataba de un título atado al crecimiento del Producto Bruto Interno argentino: si el país superaba cierto umbral de expansión económica, debía pagar un extra a los bonistas. El objetivo era seducir a los acreedores para que aceptaran el canje de deuda, ofreciendo una recompensa si la economía se recuperaba.
Sin embargo, la controversia surgió en 2013, cuando un grupo de bonistas, encabezados por el fondo buitre Aurelius, denunció una presunta manipulación de los datos oficiales del INDEC durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según su argumento, el cambio en la metodología de cálculo del PBI evitó que se activara el pago del cupón, perjudicando sus intereses financieros.
Aurelius sostenía que la modificación en la base de precios utilizados para medir el PBI provocó una caída artificial del crecimiento, impidiendo que se alcanzara el umbral necesario para efectuar el pago. El caso, que se tramitó durante años en los tribunales de Nueva York, fue uno de los tantos frentes judiciales que Argentina debió enfrentar en el exterior como consecuencia de su histórica reestructuración de deuda.
La reciente resolución judicial pone fin a ese litigio y representa un triunfo legal importante para el país. No solo se evitó el pago de una suma significativa, sino que también se confirmó la validez de la postura técnica y jurídica que Argentina había mantenido en el proceso.
Desde la Procuración del Tesoro, el organismo que representa al Estado en este tipo de causas, destacaron la importancia de la sentencia, calificándola como un reconocimiento a la defensa de los intereses nacionales. Además, remarcaron que se trata de una ratificación del fallo original dictado por la jueza Loretta Preska en julio de 2024, quien había desestimado las pretensiones de los fondos demandantes.
El impacto de esta resolución no es menor. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y búsqueda de equilibrio presupuestario por parte del gobierno nacional, evitar un pago de 500 millones de dólares representa un alivio sustancial para las cuentas públicas. En particular, se evita una erogación que hubiera afectado directamente las reservas y las proyecciones económicas del país en el corto plazo.
La causa del Cupón PBI se suma así a una larga lista de litigios internacionales en los que Argentina ha debido defenderse por decisiones tomadas en contextos económicos críticos. En este caso, el desenlace favorable marca un punto a favor para la estrategia legal del país, en un escenario donde las demandas por deuda han sido una constante desde la crisis de comienzos de siglo.
La posibilidad de redirigir esos fondos hacia necesidades internas en lugar de destinarlos a litigios financieros externos es vista como una oportunidad para reforzar la inversión pública y atender demandas postergadas.
El caso también deja enseñanzas sobre los riesgos que implican los instrumentos financieros atados a variables macroeconómicas y la necesidad de mayor transparencia estadística. Si bien el Cupón PBI fue pensado como una herramienta creativa para salir del default, su implementación terminó generando sospechas, conflictos y una nueva ola de juicios contra el Estado.
Por lo pronto, el fallo cierra una etapa. Y aunque otros litigios puedan estar aún en curso, este desenlace judicial marca un precedente relevante para los compromisos que Argentina asumió con sus acreedores. En un país con larga historia de vaivenes financieros y batallas legales por su deuda, cada triunfo jurídico representa una bocanada de aire en medio de una situación siempre compleja.
La administración nacional, encabezada por Javier Milei, destacó la importancia de este resultado como parte de su política de defensa férrea de los intereses de la Nación en todos los tribunales internacionales. Bajo esa línea, la Procuración del Tesoro reafirmó su rol como actor clave en las estrategias legales del Estado.
Mientras tanto, para los salteños y salteñas, más allá de los tecnicismos legales, lo que queda es el dato concreto: 500 millones de dólares que no saldrán de las arcas nacionales, una victoria que se traduce en recursos que podrían volcarse en rutas, escuelas, hospitales o en aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. Una buena noticia que, aunque lejana en su origen, repercute directamente en la realidad de todos.
