El juicio que enfrenta la Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF sumó un nuevo revés judicial. La jueza Loretta Preska volvió a exigir al Estado nacional que entregue los mensajes y correos electrónicos de Sergio Massa y Luis Caputo, los dos últimos ministros de Economía, al considerar que se trata de información relevante para el proceso.
El país había argumentado que ese material es privado y difícil de recolectar, pero la magistrada desestimó esa postura y dio plazo hasta el 30 de octubre para cumplir con la orden. Si no lo hace, advirtió que podría aplicar sanciones, como inferencias adversas o incluso declarar al país en desacato.
La audiencia giró en torno al proceso de discovery, etapa clave del juicio en la que los demandantes —fondos especializados en litigios— exigen documentación y pruebas que, según ellos, demuestran que funcionarios argentinos usaron canales personales para tratar temas vinculados a YPF.
Según la Justicia norteamericana, la negativa del Estado argentino a entregar esos datos responde a una estrategia dilatoria. Los abogados del país habían apelado a la Constitución Nacional y a la privacidad de los exfuncionarios, pero esos argumentos fueron rechazados por el tribunal de Nueva York.
Los demandantes también buscan vincular a otras entidades estatales con el caso, como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF misma, bajo la figura de “alter ego”. Sostienen que el Estado utilizó estas instituciones para manejar activos estratégicos y evadir eventuales embargos.
Mientras tanto, Argentina continúa intentando frenar la ejecución del fallo que la condena a pagar US$16.000 millones por la forma en que se estatizó la petrolera en 2012. En ese marco, el Gobierno logró apoyo de algunos países para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF, un activo considerado clave para la soberanía económica.
En provincias como Salta, donde YPF tiene presencia operativa en zonas hidrocarburíferas, la situación genera preocupación. Una posible afectación a la compañía podría repercutir en inversiones, empleo y proyectos vinculados al desarrollo energético del norte argentino.
El reloj corre. Si el Gobierno no cumple con lo que exige la jueza Preska, se expone a un endurecimiento del fallo en su contra. Pero si accede a entregar los mensajes, enfrentará un fuerte costo político por abrir las comunicaciones de dos exministros clave. En cualquiera de los dos escenarios, las consecuencias se sentirán tanto en los tribunales como en la economía real.
