La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar la orden que la obliga a entregar correos electrónicos, mensajes y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios en el marco del juicio por la expropiación de YPF.
El fallo representa un nuevo revés judicial para el país en un litigio que ya acumula más de una década de enfrentamientos en los tribunales estadounidenses.
“La Juez Loretta Preska rechaza el pedido de la República Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no se discute que la República carece de “posesión” o “custodia” de las comunicaciones, pero afirma que tiene “control” sobre dichas comunicaciones", indicó el especialista de Latam Advisors, Sebastián Maril.
Desde la Procuración del Tesoro, indicaron que “la Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios a la jurisprudencia de los Estados Unidos y a la legislación argentina, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas”.
Asimismo, indicaron que “esta decisión es incorrecta”, por lo que decidieron “analizar las vías procesales para su impugnación”.
“La República Argentina reafirma su compromiso de continuar defendiendo con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todas las herramientas legales a su alcance”, concluyeron.
El planteo de la Procuración del Tesoro buscaba dejar sin efecto la decisión del 29 de julio, cuando Preska habilitó a los demandantes a acceder al contenido de los dispositivos electrónicos de distintas figuras de la política y la economía argentina.
Entre ellos, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa, quienes desempeñaron roles clave en los últimos gobiernos.
La defensa argentina argumentó que el tribunal pasó por alto una cuestión central: según el derecho estadounidense, solo se puede exigir la producción de documentos que estén bajo “posesión, custodia o control” de la parte requerida.
En ese sentido, insistió en que la Argentina no tiene posesión ni custodia de los dispositivos personales de sus funcionarios y que, incluso, bajo la legislación nacional esos bienes son inviolables.
Preska, sin embargo, desestimó la moción. En su fallo señaló que no se discute la falta de posesión material, pero afirmó que la Argentina sí mantiene “control” sobre esas comunicaciones, condición que basta para obligar al país a recolectar y producir los documentos requeridos.
El concepto de “control” es interpretado por la justicia estadounidense como la capacidad de obtener los archivos o mensajes, aunque no se encuentren en poder directo del demandado.
Además del pedido vinculado a los mensajes y correos, el Gobierno había presentado otra moción para limitar el discovery sobre activos del Estado.
La defensa argentina sostuvo que Preska desconoció la jurisprudencia relevante, como el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso NML Capital, que restringe la búsqueda de activos solo a aquellos que pueden ser ejecutables.
Según la Procuración, la orden de Preska abre la puerta a pedidos irrestrictos que exceden ese criterio.
Tras el rechazo, la Argentina evalúa los próximos pasos. Al no existir nuevas instancias, la alternativa sería apelar ante la Corte de Apelaciones.
Sin embargo, los tiempos judiciales generan incertidumbre: la audiencia oral para tratar la apelación de la condena original está prevista para el 29 de octubre, y podría llegar antes de que se resuelva la cuestión de los mensajes.
La expropiación de YPF, realizada en 2012, es el origen del millonario litigio. El fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio a los accionistas de la petrolera, reclama miles de millones de dólares en compensación. En 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$16.000 millones, fallo que el país apeló.
Con esta nueva decisión, la magistrada vuelve a marcarle la cancha al Gobierno argentino, que se enfrenta a un proceso judicial con fuertes implicancias económicas y políticas.
