Una nueva denuncia judicial volvió a poner a Julio Iglesias en el centro de una investigación por presuntos abusos sexuales, trata de personas y otras irregularidades laborales. La presentación fue realizada por dos exempleadas que aseguran haber sufrido situaciones de violencia y un régimen de control durante 2021.
Las mujeres, identificadas bajo los nombres de Rebeca y Laura para preservar su identidad, trabajaron en tareas domésticas y de fisioterapia en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.
La denuncia fue presentada ante la Justicia española con el respaldo de la organización Women’s Link. Allí se describen presuntos episodios de agresión sexual, intimidación, malos tratos y condiciones laborales abusivas.
Según el escrito, las denunciantes sostienen que Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para incorporarlas a su entorno laboral, trasladarlas y alojarlas en sus residencias.
Entre las conductas denunciadas aparecen presuntos delitos de trata de personas, contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneraciones de derechos laborales.
El nuevo planteo se conoce después de que una investigación anterior fuera archivada por la Fiscalía española en enero. La decisión estuvo vinculada con cuestiones de jurisdicción, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España.
La representación legal de las mujeres volvió a recurrir a la legislación española para intentar que el caso sea investigado. El planteo sostiene que la Justicia podría intervenir cuando ciudadanos españoles son denunciados por delitos cometidos en el extranjero, siempre que se cumplan determinados requisitos legales.
En sus testimonios, las dos mujeres describieron un ambiente de fuerte control durante sus trabajos. Una de ellas aseguró que habría sido sometida a situaciones sexuales contra su voluntad, mientras que la otra relató supuestos episodios de contacto físico no consentido.
Las denunciantes también mencionaron presiones, insultos y amenazas relacionadas con la continuidad de sus empleos. Según la presentación, existían además restricciones sobre aspectos cotidianos y controles sobre sus teléfonos celulares.
La denuncia incluye cuestionamientos sobre el proceso de contratación. Las mujeres señalaron que no habrían contado con contratos laborales formales y que durante la selección se les habrían solicitado fotografías de cuerpo entero, además de establecerse un rango de edad determinado.
Por ahora, las acusaciones forman parte de una presentación judicial y deberán ser analizadas por las autoridades correspondientes. La nueva acción busca que se investiguen los hechos denunciados y se determine si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.
El caso vuelve así a quedar bajo análisis de la Justicia española, mientras las denunciantes reclaman que se revisen los episodios que, según sus testimonios, habrían ocurrido durante su trabajo en las propiedades del reconocido cantante.
