Un nuevo cruce político y judicial puso el foco sobre la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, luego de que el abogado ambientalista Enrique Viale anunciara que presentará una denuncia penal por presunta incompatibilidad en la función pública y posible cohecho. La acusación surgió en medio del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, un tema que vuelve a centrar la atención en la actividad minera y la protección del medio ambiente en la provincia.
Durante una audiencia pública en el Congreso, Viale cuestionó el mecanismo de participación ciudadana, señalando que gran parte de los inscriptos no pudo intervenir, y criticó la transparencia del proceso. En ese marco, apuntó a varias empresas mineras, entre ellas Vicuña, Glencore, Barrick Gold y Río Tinto, y aseguró que Royón tendría una consultora que asesora a la última de ellas.
Tras las declaraciones, la senadora salteña respondió de manera categórica. En un comunicado, negó cualquier vínculo con Río Tinto y afirmó que las acusaciones carecen de sustento probatorio. Royón recordó que el 10 de diciembre de 2025 renunció al directorio de Zelandez Holding Limited, formalizando su desvinculación de toda actividad privada antes de asumir su rol legislativo.
“Si el doctor Viale cuenta con pruebas, que las presente”, desafió la legisladora, destacando que confía plenamente en la Justicia. Además, subrayó que la información sobre su desvinculación es pública y forma parte de su declaración jurada al asumir la banca.
El debate sobre la Ley de Glaciares se desarrolla en un contexto de alta tensión política y ambiental. La actividad minera y la protección de los recursos naturales son temas sensibles en Salta, donde distintos sectores sociales y políticos observan con atención cada paso legislativo. Royón insistió en que la discusión debe darse con seriedad y con argumentos técnicos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Viale adelantó que la denuncia judicial se presentará en las próximas horas para investigar presuntas relaciones entre legisladores y empresas mineras que podrían beneficiarse de cambios en la normativa. El abogado criticó la organización de la audiencia pública y remarcó que la participación ciudadana efectiva es clave para garantizar un debate democrático.
El caso agrega un nuevo capítulo a la tensión entre política y medio ambiente en Argentina. La atención se centra ahora en si la Justicia aceptará la denuncia y en cómo este cruce afectará la agenda legislativa y ambiental en Salta. La senadora, por su parte, aseguró que seguirá participando activamente del debate de la Ley de Glaciares, convencida de que las decisiones sobre recursos naturales requieren transparencia y fundamentos claros.
Mientras tanto, el enfrentamiento con Viale refleja la creciente sensibilidad sobre minería y medio ambiente en la provincia, y cómo cada señal de vínculo con empresas privadas puede generar repercusiones políticas y judiciales.
