La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes elementos relevantes que profundizan el análisis sobre su situación financiera. Dos mujeres que actuaron como prestamistas confirmaron ante la fiscalía que el funcionario todavía adeuda una suma considerable en dólares, lo que mantiene abierto el foco sobre la legalidad de las operaciones involucradas.
Durante una extensa audiencia en los tribunales federales de Retiro, las declarantes ratificaron que el préstamo original fue de USD 100.000 y que, pese a algunos pagos realizados, aún restan cancelar USD 70.000 más intereses. Según detallaron, el compromiso tiene como fecha límite de pago noviembre de este año, lo que agrega presión sobre el expediente en curso.
Las testigos permanecieron cerca de tres horas ante el fiscal interviniente, donde no solo confirmaron la existencia de la deuda sino que también aportaron material clave para la causa. Entre las pruebas entregadas se incluyen teléfonos celulares con conversaciones y documentación que permitirían reconstruir cómo se llevó adelante la operación financiera.
De acuerdo con lo que surge del expediente, el acuerdo incluía una tasa de interés anual del 11%. En ese marco, el funcionario habría realizado pagos mensuales en dólares desde fines de 2024. Inicialmente, las cuotas rondaban los USD 900, aunque tras una cancelación parcial del capital, los montos se redujeron a aproximadamente USD 600 mensuales.
Uno de los puntos que despertó mayor interés entre los investigadores es la participación de una escribana que habría intervenido en la operación. Su rol habría sido clave para vincular a las partes y facilitar la concreción del negocio inmobiliario asociado al préstamo. Incluso, se incorporaron mensajes recientes que evidencian una relación directa con las acreedoras.
En paralelo, la Justicia busca determinar si los fondos utilizados en la transacción fueron debidamente declarados y si las prestamistas contaban con la capacidad económica para otorgar un crédito de ese volumen. La reconstrucción del circuito del dinero aparece como un aspecto central para definir posibles responsabilidades.
Según la hipótesis que se analiza, el monto total habría sido entregado en efectivo en una escribanía. Posteriormente, ese dinero habría sido depositado en una entidad bancaria y transferido de manera casi inmediata para concretar la compra de una propiedad en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires.
Ante estas inconsistencias, el juez a cargo de la causa ordenó levantar el secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su entorno familiar y de las prestamistas. El objetivo es verificar si los movimientos registrados coinciden con los ingresos declarados y si existe correspondencia entre el patrimonio y las operaciones realizadas.
Como parte de su defensa, las testigos sostuvieron que el dinero proviene de ingresos legítimos, vinculados a un proceso sucesorio y a una compensación judicial por diferencias salariales. Sin embargo, esos argumentos deberán ser respaldados con documentación ante los organismos correspondientes.
La investigación no se limita a este episodio. En los próximos días, el expediente avanzará sobre otra operación inmobiliaria que también genera interrogantes. Se trata de la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, donde se repite un esquema similar de financiamiento entre particulares.
En ese caso, el funcionario habría entregado un anticipo en dólares y mantiene una deuda significativa con las vendedoras, con vencimiento también previsto para noviembre. Un dato que llama la atención es que, a diferencia del primer acuerdo, en esta operación no se habrían pactado intereses, una condición poco habitual para este tipo de transacciones.
Con estos elementos, la causa continúa avanzando con foco en el origen del dinero, la transparencia de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Mientras tanto, el expediente suma pruebas que podrían ser determinantes para esclarecer la situación patrimonial del funcionario y definir los próximos pasos judiciales.
