El fiscal general ante la Corte de Apelaciones de Buenos Aires, Héctor Vogliolopresentó este viernes el recurso de queja ante la Corte de Casación bonaerense para que sus magistrados revisen el escandaloso fallo de los camaristas Benavídez y Villordo, que liberaron brutalmente Julio «Chocolate» Rigau.
Con esta presentación, Vigliolo pretende reabrir el caso y seguir investigando un posible sistema de cobro de fondos negros que provenían de contratos supuestamente simulados de la legislatura porteña.
La decisión de cerrar el caso generó conmoción en la Justicia Provincial porque la defensa de «Chocolate» se saltó a la fiscal Betina Lacki y al juez de Garantías, Federico Atencio, es decir, a los investigadores de primera instancia de este caso.
Para lograr el objetivo de liberar a Rigau utilizaron la figura del hábeas corpus. Benavídez y Villordo coincidieron, argumentando elementos procesales que, según expertos jurídicos, eran muy débiles y utilizando una herramienta controvertida. El fallo contó con el voto disidente del juez Mateos, quien enfatizó fuertemente por qué la liberación de Rigau no estaba justificada de ninguna manera, siempre teniendo en cuenta cómo se presentó el hábeas corpus ante su tribunal.
Ahora, ante la presentación de la denuncia de Vogliolo para que Casación revise lo hecho, el expediente original seguirá su curso. Rigau está libre pero el caso sigue firme.
La política porteña vuelve a la preocupación total.
Vogliolo tenía 20 días desde la notificación del fallo de la Cámara, pero ya había anticipado que apelaría. Era una cuestion de tiempo. Ahora se sorteará la Sala de Casación que intervendrá en el caso y deberá decidir si concede el recurso de apelación del fiscal y reabrirá la investigación.
Al cerrar el expediente, el juez Benavidez sostuvo que la detención había sido ilegal y que por lo tanto nada de lo sucedido podía ser tomado como prueba. «No puede convalidarse la actuación del personal policial que allanó a Julio Rigau sin orden judicial, ya que no se encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 294 inc. 5 del CPP al no corresponderse su labor con los supuestos específicamente establecidos allí ni menos ¿Pueden confiar en el estado de sospecha razonada o causa probable?”, escribió.
En los hechos, «Chocolate» fue detenido «con las manos en la masa» cuando retiraba fondos con 48 tarjetas de débito de cajeros automáticos del Banco Provincia ubicados en el centro de la ciudad de La Plata.
Los jueces también defendieron al dirigente y dijeron que la privacidad de Rigau fue “violada” al cobrar millones de los salarios de supuestos empleados de la Legislatura.
El juez Fernando Mateos votó en contra y ratificó que el procedimiento policial fue correcto. También advirtió sobre el escándalo y la trascendencia del caso.
Los jueces Villordo y Benavidez fueron denunciados por los dirigentes opositores Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico. En paralelo, la Corte bonaerense evalúa si el fallo fue correcto y la Justicia de La Plata investiga si cometieron el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
