La Asociación del Fútbol Argentino quedó en el centro de una denuncia penal de extrema gravedad presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva. La acusación sostiene que la entidad habría retenido impuestos y aportes a la seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales, generando un perjuicio fiscal que supera los 7.600 millones de pesos.
La presentación judicial señala como principal responsable a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y alcanza a la actual conducción de la entidad en su conjunto. Según consta en el expediente, la AFA habría incurrido en los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario, vinculados a la apropiación indebida de tributos y recursos previsionales, una figura penal que contempla sanciones severas.
El período bajo análisis se extiende desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025, con situaciones que, al menos en parte, continuaban sin regularizarse hacia fines de este año. De acuerdo con la denuncia, la AFA actuó como agente de retención, descontando impuestos y contribuciones a trabajadores y terceros, pero sin cumplir luego con la obligación legal de transferir esos fondos al Estado en tiempo y forma.
El detalle de los montos incluidos en la acusación expone la magnitud del caso. Por un lado, las retenciones impositivas correspondientes a conceptos como IVA e Impuesto a las Ganancias ascienden a más de 916 millones de pesos, principalmente vinculadas a los meses de agosto y septiembre de 2025. Esos importes, siempre según la presentación judicial, continuaban impagos al momento de formularse la denuncia.
En paralelo, las retenciones vinculadas a aportes y contribuciones de la seguridad social alcanzan una cifra mucho mayor. En este punto, la acusación indica que los fondos fueron efectivamente retenidos, pero depositados fuera de los plazos legales. El total de esas contribuciones asciende a más de 6.677 millones de pesos y comprende un período de casi diez meses. La suma de ambos conceptos conforma el monto global de $7.593.903.512,23 que el Estado considera afectado.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia es contundente al remarcar que los fondos retenidos no pueden ser considerados recursos propios de la AFA. Se trata de dinero público que la entidad administra de manera transitoria y cuya retención indebida implica, según la acusación, una forma de financiamiento ilegal. El escrito sostiene además que existía capacidad económica para cumplir con las obligaciones fiscales, lo que refuerza la hipótesis de una conducta deliberada.
La imputación se apoya en el criterio de que este tipo de delito se consuma en el mismo momento en que vence el plazo legal para ingresar los fondos, independientemente de que luego se realicen pagos parciales o tardíos. En ese marco, la regularización fuera de término no elimina la posible responsabilidad penal de quienes tenían a su cargo la administración y el control de los recursos.
Aunque la AFA figura como una asociación civil sin antecedentes penales previos en los registros impositivos, la denuncia pone el foco en las responsabilidades individuales de sus autoridades. En particular, se identifica a Tapia como el principal responsable en su condición de presidente, administrador de la entidad y titular de la clave fiscal, roles que lo convierten en el garante directo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales.
El impacto del caso trasciende lo estrictamente judicial. La AFA es una de las instituciones más poderosas del país, con una influencia que excede largamente el ámbito deportivo. La denuncia se conoce, además, en un contexto nacional marcado por un endurecimiento del control fiscal y un discurso oficial que pone el acento en la necesidad de terminar con privilegios y conductas históricamente toleradas.
Para el fútbol argentino, la causa representa un golpe institucional significativo. La investigación abre un escenario de alta exposición para una dirigencia acostumbrada a moverse con amplios márgenes de autonomía y escaso control externo. Al mismo tiempo, instala un fuerte interrogante sobre el manejo de los recursos en una organización que administra cifras millonarias y cumple un rol central en la vida social y deportiva del país.
Con la denuncia ya presentada, será la Justicia la encargada de evaluar la prueba, determinar responsabilidades y definir si los hechos denunciados configuran efectivamente un delito penal tributario. Mientras tanto, la causa ya marcó un antes y un después: el poder de la AFA y de su conducción quedó formalmente bajo la lupa judicial, en uno de los expedientes más sensibles que haya enfrentado el fútbol argentino en los últimos años.
