El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo plan para bloquear el uso de celulares en cárceles federales, con el objetivo de limitar la organización de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios. La iniciativa quedó oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y prevé la incorporación de tecnología específica para detectar y neutralizar dispositivos móviles en funcionamiento.
La decisión se enmarca en una problemática que viene creciendo en los últimos años: el uso ilegal de teléfonos dentro de las cárceles para coordinar estafas, amenazas y otros delitos. A pesar de que la normativa vigente prohíbe expresamente la tenencia de celulares por parte de personas privadas de la libertad, los controles aplicados hasta ahora no lograron erradicar esta práctica.
Con este nuevo esquema, el Ejecutivo apunta a dar un salto tecnológico. A diferencia de los antiguos inhibidores de señal —que bloqueaban de manera generalizada y generaban interferencias en zonas cercanas—, el sistema que se busca implementar permitirá identificar equipos específicos en uso dentro de los penales y anularlos de forma puntual. Esto no solo mejora la eficacia del control, sino que también evita afectar a usuarios externos.
El Servicio Penitenciario Federal será el organismo encargado de llevar adelante la implementación, que se realizará de manera progresiva. La medida incluye la adquisición de equipamiento, su instalación en distintas unidades y el mantenimiento técnico necesario para garantizar su funcionamiento. Además, se prevé un monitoreo constante para ajustar el sistema según las necesidades operativas.
El trasfondo de la iniciativa está vinculado a múltiples investigaciones judiciales que dejaron en evidencia la existencia de redes delictivas operando desde las cárceles. En varios casos, se detectaron verdaderas estructuras organizadas que funcionaban como centros de llamadas clandestinos, desde donde se realizaban estafas telefónicas a gran escala.
Uno de los episodios más resonantes fue el de una banda integrada por internos que logró engañar a víctimas mediante maniobras telefónicas cuidadosamente planificadas. Ese tipo de casos expuso el nivel de sofisticación alcanzado por algunas organizaciones delictivas, que encontraron en los celulares una herramienta clave para sostener sus actividades desde el encierro.
En este contexto, la resolución oficial remarca la necesidad de impedir que personas detenidas utilicen dispositivos móviles para coordinar acciones ilegales. El objetivo es reducir la capacidad operativa de estas redes y reforzar el control dentro del sistema penitenciario.
El plan se apoya en el marco legal vigente, que garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares y abogados, pero establece límites claros respecto al uso de tecnología no autorizada. En ese sentido, la iniciativa busca equilibrar el respeto por esos derechos con la necesidad de prevenir delitos.
Como parte de la implementación, también se aprobó un protocolo técnico que define los procedimientos para la detección y bloqueo de dispositivos a través de la identificación de códigos IMEI e IMSI. Este aspecto resulta clave, ya que permite individualizar cada equipo y actuar de manera precisa sobre su funcionamiento.
La puesta en marcha del sistema no estará exenta de desafíos. Se trata de una operatoria compleja que requiere coordinación técnica, inversión sostenida y controles permanentes. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que se trata de un paso necesario para enfrentar una modalidad delictiva que se adaptó rápidamente a las limitaciones del encierro.
Con esta medida, se busca cerrar una de las principales vías de comunicación ilegal dentro de las cárceles y avanzar hacia un esquema de mayor control y seguridad en el sistema penitenciario federal.
