Benegas Lynch rechazó las acusaciones de conflicto de intereses vinculadas a su actividad privada y defendió su participación en el debate legislativo, luego de que la senadora Juliana Di Tullio solicitara que se apartara de la discusión por considerar que existía una incompatibilidad entre su función pública y su empresa dedicada al sector agropecuario.
Al tomar la palabra durante la sesión en el Senado, el legislador de La Libertad Avanza sostuvo que el planteo carece de sustento y aseguró que su actividad empresarial es de público conocimiento desde mucho antes de asumir su banca. En ese sentido, explicó que fundó su empresa en 2020 y que lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito agropecuario, donde se dedica a la administración de campos, la producción de granos y carne, además del asesoramiento para operaciones de compra de tierras tanto de inversores argentinos como extranjeros.
El senador remarcó que la legislación vigente establece que una excusación solo corresponde cuando existe un interés directo y particular que pueda generar un beneficio exclusivo para quien participa de una votación. Según afirmó, esa situación no se presenta en este caso, ya que las medidas impulsadas apuntan a generar mejores condiciones para todo el sector privado y no para una empresa en particular.
Durante su intervención también cuestionó que el planteo en su contra continuara aun después de que el oficialismo decidiera retirar del proyecto el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras. Para Benegas Lynch, la presentación respondió a una estrategia política y no a una discusión jurídica sobre eventuales incompatibilidades.
En ese marco, sostuvo que las críticas forman parte de prácticas habituales de la política y aseguró que continuará defendiendo las iniciativas promovidas por su espacio. Además, señaló que este tipo de cuestionamientos no modificarán su posición dentro del debate parlamentario.
El legislador también aprovechó su exposición para defender el contenido del capítulo finalmente eliminado. Explicó que la propuesta buscaba limitar la posibilidad de adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y empresas soberanas, al tiempo que promovía una mayor participación de inversores privados, tanto nacionales como del exterior.
Según indicó, la normativa vigente restringe las operaciones sobre tierras rurales y termina perjudicando a los propietarios que desean vender sus campos, ya que reduce la cantidad de potenciales compradores y afecta el valor de mercado de esos inmuebles. En esa línea, aseguró que una mayor apertura permitiría ampliar las oportunidades de inversión y dinamizar la actividad agropecuaria.
Benegas Lynch también afirmó que la gran mayoría de las tierras rurales del país permanece en manos de propietarios argentinos, por lo que consideró que una flexibilización de las normas no implicaría una pérdida de control sobre esos recursos. A su entender, el objetivo era favorecer el desarrollo productivo y estimular nuevas inversiones.
En el tramo final de su discurso, lamentó que el capítulo sobre la Ley de Tierras fuera retirado del proyecto y atribuyó esa decisión a la presión política y al impacto que tuvo la discusión pública sobre la iniciativa. Pese a ello, ratificó su respaldo a una mayor apertura para las inversiones privadas y defendió las propuestas impulsadas por el oficialismo para el sector agropecuario.
La discusión se desarrolló durante una sesión marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, en un debate donde la reforma vinculada a la propiedad de las tierras rurales terminó quedando fuera del texto que analiza el Senado. Sin embargo, el intercambio dejó expuestas las diferencias entre ambos sectores sobre el alcance de las políticas destinadas a promover inversiones y sobre los criterios que deben aplicarse para evaluar posibles conflictos de intereses entre la actividad privada y el ejercicio de cargos públicos.
