La disputa judicial que rodea a Julieta Makintach sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Fernando Burlando presentara ante la Justicia un pedido de detención preventiva. La solicitud llegó apenas un día después de que se confirmara la destitución de la ex magistrada, un fallo que volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento de los mecanismos disciplinarios y el impacto que generan en los expedientes sensibles.
Según consta en el escrito presentado, Burlando argumenta que existirían “actos directos de manipulación” y “conductas inequívocas de perturbación de testigos”, elementos que —a su criterio— justificarían una medida restrictiva para garantizar el normal avance de la investigación. El planteo sacudió el clima jurídico, ya que un arresto preventivo contra una ex jueza suele evaluarse con extrema cautela, dado el peso institucional que implica.
Makintach, sin embargo, respondió con dureza. Sostuvo que no puede ser detenida porque la resolución del jury todavía no quedó firme y remarcó que “algún día se van a caer las cortinas de humo”. Con este mensaje buscó dejar claro que considera que detrás de la embestida existen intereses que exceden el expediente judicial. Insistió en que “la verdad se va a saber” y que las acusaciones en su contra carecen de sustento.
La presentación de Burlando reavivó un debate que crece en todo el país: hasta qué punto los pedidos de detención preventiva deben aplicarse en casos donde existe una fuerte exposición mediática y una disputa institucional de fondo. Para especialistas del ámbito jurídico, este tipo de medidas requieren pruebas concretas que demuestren un riesgo real de entorpecimiento de la causa. Aunque el abogado asegura que esos elementos están presentes, será la Justicia la que deba determinar si los indicios alcanzan para avanzar con la detención.
La ex jueza, por su parte, busca aferrarse a la falta de firmeza del fallo del jury como principal argumento para frenar cualquier intento de arresto. En contextos donde los tiempos procesales se vuelven materia de discusión pública, la estrategia de la defensa apunta a remarcar que todavía quedan instancias legales por resolverse y que un arresto en este momento sería, a su entender, una medida desproporcionada.
Mientras tanto, el expediente sigue su curso y genera interpretaciones diversas dentro del ámbito judicial. Algunos consideran que el pedido de detención es una jugada estratégica para acelerar definiciones, mientras otros lo leen como un paso necesario para evitar eventuales maniobras que puedan afectar el rumbo de la causa. En cualquier caso, la presentación de Burlando marca un punto de inflexión que obliga a seguir de cerca los próximos movimientos.
El conflicto también se metió en la agenda pública, donde se mezclan opiniones, especulaciones y debates sobre la responsabilidad de los magistrados y el alcance de los mecanismos disciplinarios en Argentina. En un escenario donde la confianza en las instituciones suele fluctuar, casos como este se convierten en pruebas de fuego para medir la solidez del sistema judicial.
Lo que resuelva la Justicia en las próximas semanas será determinante. Si el pedido prospera, la situación de Makintach podría dar un giro abrupto. Si se rechaza, la ex jueza ganará margen para avanzar con su estrategia y profundizar su planteo de que todo forma parte de un armado en su contra.
En un clima cargado de tensión y expectativas, la causa continúa sumando capítulos. Por ahora, la única certeza es que la disputa está lejos de resolverse y que las próximas decisiones judiciales volverán a situar este caso en el centro del debate nacional.
