La Justicia Federal dictaminó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actuó fuera del marco legal al suspender pensiones no contributivas, y ordenó que se restituyan los pagos de manera inmediata. La medida tiene alcance nacional y busca proteger los derechos de miles de beneficiarios que quedaron sin el ingreso que les corresponde. Según la sentencia, el organismo deberá abonar el dinero en un plazo máximo de 24 horas.
El fallo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca se dio a raíz de un amparo colectivo presentado por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones y el Defensor del Pueblo provincial. La acción judicial puso en evidencia irregularidades en las auditorías médicas realizadas por la ANDIS y cuestionó la forma en que se notificaron las suspensiones, que muchas veces llegaban sin claridad y sin dar oportunidad de defensa.
La situación se enmarca en un contexto más amplio, vinculado a la causa judicial del caso Diego Spagnuolo, que ya había generado indagatorias a varios funcionarios. Aun así, el fallo se centró específicamente en la protección de los derechos de los beneficiarios de las pensiones no contributivas.
El texto de la sentencia detalla que la ANDIS no pudo acreditar la existencia de actos administrativos individuales que justificaran las bajas. En otras palabras, las suspensiones se realizaron sin un procedimiento legal que respalde la interrupción de los pagos. El juez enfatizó que las pensiones son propiedad de sus titulares y solo pueden retenerse a través de un proceso que respete el debido procedimiento legal y la defensa en juicio.
Desde el organismo, antes de la sentencia definitiva, se defendieron señalando que actuaron conforme a los decretos 698/2017 y 843/2024, y que las auditorías médicas fueron notificadas correctamente. Además, argumentaron que las suspensiones respondieron a la falta de acreditación de los requisitos médicos necesarios por parte de algunos beneficiarios.
Según datos oficiales, hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno había suspendido las pensiones de 65.230 personas de un total de un millón de beneficiarios, principalmente por irregularidades en las presentaciones médicas. Del total, 8.207 personas renunciaron voluntariamente a la pensión, mientras que 6.643 dejaron de percibirla por fallecimiento de los titulares. La medida permitió al Estado dejar de abonar 80.080 pensiones y ahorrar mensualmente $23.000.000.
La resolución judicial marca un precedente importante para todo el país, ya que establece que cualquier suspensión de pensiones debe cumplir con un procedimiento formal y transparente. La decisión también cuestiona el funcionamiento de las auditorías médicas de la ANDIS y la forma en que se notificaba a los beneficiarios, que en muchos casos se enteraban de la baja sin información previa ni posibilidad de defender sus derechos.
En Salta, esta decisión tiene un impacto directo en cientos de familias que dependen de estas pensiones para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. Organizaciones locales de personas con discapacidad habían advertido desde hace meses sobre irregularidades en las notificaciones y la falta de acceso a las revisiones médicas necesarias, y ahora la sentencia les da un respaldo jurídico contundente.
El fallo también refuerza la idea de que los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser vulnerados por decisiones administrativas discrecionales. La Justicia dejó en claro que cualquier suspensión de beneficios debe estar acompañada de un acto administrativo formal, con la debida notificación y posibilidad de defensa, y que los titulares de las pensiones tienen derecho a percibirlas mientras se respete este procedimiento.
A nivel nacional, la medida implica que la ANDIS deberá ajustar sus procesos internos, mejorar la comunicación con los beneficiarios y garantizar que cualquier auditoría médica cumpla estrictamente con los requisitos legales. En el plano local, en Salta, se espera que la restitución de las pensiones impacte de manera inmediata en la economía doméstica de quienes habían quedado sin ingresos.
En definitiva, la sentencia representa un triunfo para los beneficiarios de las pensiones no contributivas y sus representantes, y sienta un precedente clave para proteger los derechos de las personas con discapacidad en todo el país. La decisión judicial confirma que la falta de notificación adecuada y la ausencia de actos administrativos individuales constituyen irregularidades que no pueden sostenerse, y obliga a la ANDIS a restituir los pagos de manera inmediata, asegurando que los titulares recuperen sus ingresos sin dilaciones.
