El Gobierno nacional avanzó con un pedido formal para que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y continúe el cumplimiento de su condena en una cárcel común. La solicitud fue presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de que el organismo revise la medida excepcional que rige desde hace varios años y que, según el Ejecutivo, perdió su carácter humanitario para transformarse en un beneficio injustificado.
Sala fue condenada por la Justicia provincial a 15 años de prisión por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas. Tras haber cumplido diez años de esa pena, se encuentra en condiciones legales de iniciar el trámite para acceder a la libertad condicional. Sin embargo, el planteo oficial apunta a que ese proceso, de concretarse, se realice bajo un régimen carcelario común y no desde su domicilio particular.
Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que ya no existen razones objetivas que justifiquen el mantenimiento de la prisión domiciliaria. En ese sentido, rechazaron los planteos de la defensa vinculados a un supuesto hostigamiento judicial y remarcaron que la condena se encuentra firme, con sentencias confirmadas en distintas instancias del sistema judicial argentino.
El escrito elevado a la CIDH cuestiona que la medida dispuesta en su momento haya derivado en una situación de privilegio. Según el planteo oficial, la prisión domiciliaria dejó de ser una respuesta excepcional para garantizar derechos básicos y terminó consolidándose como un beneficio permanente para una persona condenada por hechos graves vinculados al manejo de fondos públicos destinados a sectores vulnerables.
Mientras se define la respuesta del organismo internacional, la dirigente social continúa cumpliendo la pena en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Gonnet. Su traslado a esa zona se produjo luego de que venciera el contrato de alquiler de la casa en la que residía previamente, en un barrio periférico de La Plata. Tras no lograr renovar ese acuerdo, se mudó a una de las áreas residenciales más cotizadas de la región, con urbanizaciones cerradas y propiedades de alto valor inmobiliario.
La modalidad de cumplimiento de la condena volvió a quedar bajo la lupa en las últimas semanas, luego de que Sala fuera internada de urgencia por una descompensación. El episodio generó polémica debido a que el traslado al hospital no fue informado previamente por su entorno legal. La alerta se activó de manera automática a través de la tobillera electrónica que controla el régimen de arresto domiciliario.
Ese hecho reavivó cuestionamientos sobre el control efectivo de la medida y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Justicia. Desde el entorno oficial señalaron que situaciones de este tipo refuerzan la necesidad de revisar el beneficio otorgado, al considerar que existen mecanismos suficientes dentro del sistema penitenciario para garantizar atención médica y condiciones dignas de detención sin recurrir al arresto domiciliario.
En paralelo, el caso volvió a tener repercusión pública a partir de una movilización impulsada por organizaciones afines a la dirigente social. A mediados de enero, un grupo de militantes realizó una caravana que partió desde Plaza de Mayo y recorrió distintos puntos céntricos de la ciudad de La Plata. La manifestación se desarrolló sin incidentes, pero volvió a instalar el debate político en torno a la situación judicial de Sala.
El Gobierno insiste en que su planteo no responde a una persecución política ni a una revisión ideológica del caso, sino a la necesidad de garantizar igualdad ante la ley. En esa línea, remarcan que el cumplimiento de una condena firme debe ajustarse a los criterios generales que rigen para cualquier persona condenada por delitos similares, sin excepciones permanentes que desvirtúen el sentido de la pena.
Ahora, la definición queda en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá evaluar si corresponde mantener la medida cautelar vigente o habilitar un cambio en el régimen de detención. Mientras tanto, el debate sigue abierto y vuelve a tensionar el vínculo entre el sistema judicial argentino, los organismos internacionales y el poder político, en un caso que desde hace años se mantiene en el centro de la escena pública.
