El juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas continúa con la presentación de pruebas y testimonios que buscan determinar si existió un sistema de recaudación ilegal durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La fiscalía sostiene que la documentación reunida permite respaldar las acusaciones contra la expresidenta, exfuncionarios y empresarios.
Ante el Tribunal Oral Federal 7 ya declararon más de 100 testigos, aunque todavía restan alrededor de 200. La fiscal general Fabiana León considera que las evidencias deben analizarse en conjunto, ya que incluyen documentos, peritajes, movimientos financieros y comunicaciones telefónicas.
Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado una asociación ilícita y de 175 hechos de cohecho pasivo. De estos últimos, 165 están vinculados con el presunto sistema de cartelización de la obra pública. También están imputados exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además de empresarios relacionados con las contrataciones estatales.
Uno de los principales elementos del expediente son los cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien trabajó como chofer de Baratta. En ellos quedaron registrados recorridos y supuestas entregas de dinero en distintos puntos de Buenos Aires.
Una pericia oficial determinó que Centeno fue el autor de las anotaciones. Sin embargo, un estudio privado detectó alteraciones en partes de tres cuadernos, lo que llevó a las defensas a cuestionar la autenticidad de la documentación.
La fiscalía sostiene que esos registros deben complementarse con otros elementos, entre ellos declaraciones de imputados colaboradores, informes bancarios y datos sobre vehículos, domicilios y desplazamientos.
Los movimientos financieros bajo análisis
Otro aspecto central de la acusación son los informes contables que registran retiros de importantes sumas de dinero en efectivo. Según los peritos oficiales, algunas operaciones no tendrían una justificación comercial clara y coincidirían con las fechas de los presuntos pagos ilegales.
También se incorporaron análisis de comunicaciones telefónicas. Los especialistas expusieron coincidencias entre las antenas activadas por los teléfonos de Baratta, Centeno y empresarios, y los lugares mencionados en las anotaciones.
La investigación también apunta a la intervención del financista Ernesto Clarens, quien habría participado en la conversión a dólares de fondos provenientes de contratistas del Estado.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el mecanismo habría funcionado desde el Ministerio de Planificación Federal mediante el direccionamiento de licitaciones y el presunto cobro de retornos a empresarios a cambio de facilitar pagos y certificados de obra pública.
La acusación sostiene que el dinero se habría obtenido mediante distintas maniobras, como facturación apócrifa, sobreprecios y retiros de efectivo. Posteriormente, los fondos habrían sido convertidos a dólares y trasladados a través de una logística que involucraba a distintos funcionarios y colaboradores.
Las defensas cuestionan las pruebas
Los abogados defensores rechazan la interpretación de la fiscalía y consideran que los elementos presentados no alcanzan para demostrar los delitos atribuidos a sus representados.
Entre sus principales objeciones aparecen las presuntas alteraciones de los cuadernos y las condiciones en las que se incorporaron las declaraciones de los imputados colaboradores.
También cuestionan que los arrepentidos no hayan comparecido durante el debate para responder preguntas, ya que sus declaraciones fueron incorporadas por secretaría. Para las defensas, esto limita las posibilidades de ejercer plenamente el derecho de defensa.
La fiscalía, por su parte, sostiene que ninguno de esos declarantes se retractó de los testimonios brindados durante la investigación.
El debate continuará con dos audiencias semanales y la convocatoria de los testigos pendientes. Mientras tanto, el tribunal deberá analizar el conjunto de las pruebas y los planteos de las partes para determinar si existió el circuito de recaudación ilegal denunciado y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los acusados.
