El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia informativa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para solicitar que investigue las operaciones con derivados financieros realizadas por el Banco Central (BCRA) utilizando el oro de las reservas durante 2025.
El planteo busca determinar si existieron pagos a intermediarios, comisiones o irregularidades en los mecanismos de control. La presentación fue realizada mediante el sistema Tip, Complaint or Referral (TCR), que permite acercar información al organismo estadounidense.
Dalbón aclaró que no está denunciando delitos como hechos comprobados ni acusa directamente a funcionarios o entidades financieras. Su objetivo es que la SEC evalúe si tiene jurisdicción y si existen elementos suficientes para revisar los contratos y las operaciones.
Uno de los puntos centrales del escrito es la posible participación de Deutsche Bank AG como contraparte de algunas transacciones. El abogado solicitó conocer quiénes intervinieron, qué honorarios se pagaron y si hubo transferencias de dinero a intermediarios o funcionarios extranjeros.
También recordó que el banco alemán recibió sanciones de la SEC en 2021 por deficiencias en sus controles internos y registros contables, en un caso vinculado con pagos a intermediarios. Sin embargo, ese antecedente no demuestra que se hayan repetido prácticas similares en las operaciones del BCRA.
En su presentación, Dalbón también mencionó los antecedentes laborales del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en Deutsche Bank. Consideró necesario conocer las contrapartes y las condiciones bajo las cuales se estructuraron los contratos.
Pérdidas superiores a los USD 1.000 millones
Uno de los principales argumentos del planteo es el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó resultados negativos por ARS 1,469 billones en operaciones con derivados cuyo activo subyacente era el oro.
La cifra equivale aproximadamente a USD 1.023 millones y contempla pérdidas por opciones financieras y primas pagadas por esos instrumentos.
Dalbón puso el foco en la diferencia entre ambos conceptos, ya que el resultado negativo fue alrededor de quince veces superior a las primas. Por eso, reclamó conocer la estructura de los contratos, los riesgos asumidos y las autorizaciones que permitieron realizar las operaciones.
Una de las estrategias mencionadas en las versiones sobre el caso es el denominado zero-cost collar, un mecanismo que combina opciones financieras para limitar determinados riesgos y posibles ganancias. Sin embargo, esa modalidad no fue confirmada oficialmente por el Banco Central.
Desde el organismo defendieron la administración de las reservas y señalaron que la suba internacional del oro permitió cerrar 2025 con un resultado neto positivo de USD 2.505 millones. Además, informaron ganancias por diferencias de cotización de ARS 8,002 billones.
El abogado cuestionó que esa revalorización se utilice para relativizar las pérdidas de los derivados. Sostuvo que una ganancia contable por el aumento del precio del metal no necesariamente representa dólares disponibles para afrontar los contratos.
Las dudas sobre los lingotes
Otro aspecto del reclamo está relacionado con el traslado de parte de las reservas físicas de oro durante 2024. El Banco Central informó que mantenía 61,7 toneladas del metal, equivalentes a casi dos millones de onzas troy.
Parte de esos lingotes fue trasladada desde bóvedas locales al Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. La explicación oficial fue que la medida buscaba mejorar las condiciones comerciales y ampliar las alternativas de liquidez.
Dalbón solicitó que se esclarezca dónde se encuentran las reservas, qué garantías se utilizaron y cuáles fueron las condiciones de los acuerdos. También pidió información sobre las contrapartes, los márgenes exigidos y las autorizaciones internas.
El escrito menciona a Caputo, Bausili y otros integrantes del directorio del BCRA, aunque no les atribuye responsabilidades penales. Busca determinar qué grado de intervención tuvieron en la aprobación, supervisión o conocimiento de las operaciones.
El caso también tiene un capítulo judicial en Argentina. El fiscal federal Carlos Pollicita solicitó medidas de prueba al juez Ariel Lijo para investigar posibles responsabilidades en la administración de las reservas de oro.
Con la presentación ante la SEC, Dalbón busca que las operaciones también sean examinadas en Estados Unidos y que se determine si corresponde abrir una investigación sobre los contratos, los intermediarios y los mecanismos financieros utilizados.
