La confirmación judicial que frena, una vez más, los manotazos de ahogado de Máximo y Florencia Kirchner representa un hito insoslayable en el lento pero firme camino hacia la restitución del dinero saqueado a los argentinos.
Durante años, la narrativa oficialista intentó vender la idea de que los herederos de la dinastía santacruceña eran simples espectadores ajenos a los manejos de la obra pública. Sin embargo, los fallos de la Cámara Federal de Casación Penal exponen la verdadera naturaleza de esa fortuna: un entramado diseñado para perpetuar los beneficios de la corrupción.
El intento por suspender el decomiso de 19 propiedades no es más que la continuación, por vías procesales, del mismo mecanismo de impunidad que caracterizó a las gestiones kirchneristas. Bajo la falaz premisa de que los hijos no deben responder por los delitos de los padres, la defensa pretendió desligar un patrimonio multimillonario del delito originario que le dio vida. La doctrina jurídica aplicada por los magistrados es tan contundente como irrefutable: nadie puede transmitir un derecho mejor que el que posee.
Cristina Fernández de Kirchner construyó durante más de una década un modelo de acumulación basado en el direccionamiento de la obra pública a favor de sus socios comerciales, con Lázaro Báez a la cabeza. Cuando la condena por la causa Vialidad se volvió inevitable, la cesión de bienes a favor de sus descendientes buscó ser el último chaleco de fuerza contra la acción de la Justicia. Hoy queda demostrado que la maniobra de donar y transferir activos en vida no fue más que un burdo intento de vaciamiento patrimonial frente a la inminencia del decomiso.
El rol de Máximo Kirchner en este escenario resulta particularmente contradictorio para quien pretende erigirse como referente del discurso "nacional y popular". Administrar un patrimonio compuesto por hoteles, departamentos y terrenos cuyo origen está manchado por el fraude al Estado tira por la borda cualquier pretensión de superioridad moral. La militancia del ajuste ajeno choca de frente con la reticencia obsesiva a desprenderse de inmuebles adquiridos bajo la sombra del presupuesto público.
Por su parte, el caso de Florencia Kirchner desmitifica la idea de una distancia prudencial respecto a la maquinaria económica familiar. La presencia de fajos de dólares en cajas de seguridad y la titularidad sobre bienes vinculados al entramado empresarial de la causa Vialidad dejan al descubierto que la estructura familiar funcionó de manera coordinada para garantizar la tenencia de la liquidez y las propiedades. Nadie en ese núcleo fue ajeno a los beneficios de la bonanza.
El fallo ratifica que la figura del decomiso no constituye una pena contra los terceros, sino una medida objetiva para neutralizar el provecho del ilícito. Permitir que los descendientes de los condenados por corrupción conserven los bienes obtenidos a expensas del erario público habría sido una señal de rendición institucional inadmisible. La Justicia, en esta instancia, actúa como el verdadero freno a la perpetuación de un privilegio construido sobre la postergación de la infraestructura del país.
Resulta esclarecedor observar cómo la retórica de la "persecución política" y el "lawfare" se disuelve en el momento en que los expedientes exigen explicaciones contables y financieras. No hay conspiración judicial cuando los números no cierran y cuando los activos a decomisar coinciden con los retornos de las licitaciones fraguadas. Lo que la defensa califica de atropello es simplemente la aplicación irrestricta del Código Penal sobre patrimonios mal habidos.
La resolución judicial marca una bisagra procesal de la que no habrá retorno fácil para la familia Kirchner. Al quedar al desnudo la inviabilidad de sus planteos, el Estado da un paso decisivo hacia la recuperación de los recursos robados. Queda el mensaje inequívoco de que las dinastías políticas no están por encima de la ley y que los frutos de la matriz corrupta no podrán ser disfrutados ni por quienes los generaron ni por sus herederos.
