El otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios nacionales y allegados a sectores políticos despertó un fuerte debate en el ámbito político y judicial. Altos ejecutivos de la entidad aseguraron que no hubo trato preferencial y defendieron la transparencia de las operaciones.
Mario Zagaglia, gerente zonal y responsable de Banca Personas del Banco Nación, señaló que los préstamos se otorgan bajo procesos estandarizados, cumpliendo todos los requisitos de solvencia que aplican a cualquier cliente. Destacó que la línea +Hogares, abierta a quienes cobran sus haberes en el banco, ofrece tasas preferenciales del 4,5% y financiamiento de hasta 30 años, con montos que cubren hasta el 75% del valor de la propiedad. También existen líneas de hasta 50 millones de pesos para monotributistas y trabajadores en condiciones de mercado.
El presidente del banco, Darío Wasserman, había defendido previamente la operación, afirmando que todos los beneficiarios cumplieron con la evaluación crediticia y el scoring habitual. Subrayó que la entidad administra cuentas sueldo del sector público, lo que eleva la cantidad de empleados estatales elegibles para créditos.
La polémica se disparó tras conocerse que figuras como Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Federico Furiase obtuvieron préstamos por montos millonarios. Incluso legisladores de distintos bloques accedieron a financiamiento significativo: Alejandro Bongiovanni recibió 255 millones de pesos, Santiago Santurio 340 millones, Mariano Campero 322 millones, mientras que Federico Sharif Menem alcanzó 357 millones. Otros créditos notables fueron los de Felipe Núñez con 373 millones y Federico Furiase con 367 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al tema y defendió la adjudicación de créditos, argumentando que representa “una oportunidad única” y que la iniciativa beneficia al país. En sus declaraciones, alentó a los funcionarios a aprovechar las condiciones del programa +Hogares.
Pese a las explicaciones de las autoridades del Banco Nación y del ministerio, la controversia llegó a la Justicia. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia para investigar posibles irregularidades o delitos como tráfico de influencias, cuestionando la evaluación de capacidad de repago y estabilidad laboral de algunos de los beneficiarios. Por su parte, el diputado Esteban Paulón solicitó informes al banco, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para determinar si hubo uso de información privilegiada o influencia institucional en la aprobación de los créditos.
El debate pone en tensión la gestión de las líneas hipotecarias del Banco Nación y la percepción pública sobre la equidad en el otorgamiento de préstamos. Mientras las autoridades bancarias sostienen que se cumplieron todos los procesos y que los créditos están regulados por normas claras, opositores y parte de la sociedad cuestionan el acceso de políticos a préstamos millonarios en condiciones preferenciales, aunque oficialmente se niegue cualquier privilegio.
La controversia también expone cómo los programas de financiamiento hipotecario para empleados del sector público pueden generar dudas sobre transparencia y equidad, especialmente cuando se combinan con figuras políticas que acceden a montos elevados. En paralelo, se mantiene el seguimiento judicial sobre los expedientes abiertos, que podrían derivar en investigaciones más amplias si se detectan irregularidades.
En este contexto, los préstamos del Banco Nación se convirtieron en un foco de atención mediática y política, con repercusiones que podrían afectar tanto a los funcionarios involucrados como a la propia institución bancaria, mientras la ciudadanía sigue de cerca el desarrollo del caso.
